Narcotráfico y prostitución

Miguel Garrido. Madrid

Hubo un tiempo en que el estado de bienestar no era un eslogan vacío, sino un contrato moral entre ciudadanos y administraciones, un pacto que garantizaba sanidad digna, educación accesible, justicia social y una red de seguridad para los más vulnerables. Hoy contemplamos con tristeza que ese modelo ha sido sustituido por un estado del nalestar, cada vez más alejado del ciudadano. No ha sido una catástrofe súbita, sino una erosión calculada.

Los intereses partidistas, las urgencias electorales y la imposición de ideologías han suplantado el interés general. La gestión pública ya no busca resolver problemas, sino obtener réditos políticos. Y mientras se legisla a golpe de decreto y de eslogan, los servicios esenciales se degradan lentamente ante nuestra mirada resignada. Los hospitales públicos colapsan, las listas de espera desesperan, los profesionales se marchan. Las aulas se ideologizan mientras los alumnos retroceden. Las pensiones se tambalean, la vivienda es inalcanzable, y el esfuerzo, cada vez menos recompensado.

El ciudadano honesto, trabajador y silencioso –ese que mantiene el país en pie– ha sido olvidado. Ya no importa su bienestar, sino su obediencia. El poder cuida hoy del votante fiel, del grupo ruidoso, del aliado coyuntural. Los demás, que se las apañen. No se trata de nostalgia, sino de justicia. El Estado no puede convertirse en un instrumento de partido, ni en un teatro de enfrentamientos tribales. O recuperamos el bien común como norte o acabaremos por desmontar lo poco que queda de ese ideal que una vez nos dio dignidad como sociedad.

Dionisio Martos. Beas de Segura (Jaén)