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El plagio no es un debate de legal o ilegal. Ni siquiera de porcentajes. Es un debate de honestidad

Ana I. Sánchez
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Cansado de que le citaran como autor de obras que no había escrito, el filósofo y médico griego Galeno decidió escribir el volumen «Sobre mis libros» para dejar claro qué creaciones eran realmente suyas y cuáles habían usado su nombre para obtener más difusión. Hablamos del siglo II y ya la deshonestidad intelectual estaba a la orden del día. Desde entonces, ha habido trifulcas históricas por plagio. Épica fue la confrontación entre el británico Newton y el alemán Leibniz acerca de quién había descubierto el cálculo infinitesimal, piedra angular de la física moderna. Y sonora fue la disputa entre el estadounidense Edison y el austríaco Tesla a cuenta de quién inventó la bombilla. Lo que sorprende es que siglos después de todo aquello, España adolezca aún de una regulación a nivel nacional que defina exactamente qué es el plagio y cuáles son las consecuencias. Y ello solo tiene una lamentable explicación: que el plagio no preocupa a la clase política y se tolera por una amplia parte de la población. Incluso hay quien ha dicho estos días que no hay nada ilegal en plagiar porque no es delito -puede serlo contra el autor y sus derechos pero ¿a quién le importa?-. Valiente modo de desviar la cuestión. El plagio no es un debate de legal o ilegal. Ni siquiera de porcentajes. Es un debate de honestidad.

La calidad de la Universidad no baja porque un presidente cometa plagio en una tesis, sino porque el Gobierno defienda que se puede plagiar «si no es mucho», en lugar de reconocer el error y asumir la responsabilidad. ¿Realmente es ése el mensaje que queremos enviar a los jóvenes españoles? ¿Y a los investigadores que dedican la mayor parte de su vida a desarrollar ideas originales que permitan avanzar a la sociedad? Por la misma regla de tres, también se podría defraudar a Hacienda «si no es mucho» o incluso acosar a una mujer «si es solo un poco». Si en estos ejemplos lo vemos claro, ¿por qué no con el plagio?

La intocable autonomía universitaria ha sido lacerante en muchos aspectos. Ha amparado una suerte de corporativismo y una total ausencia de rendición de cuentas a la sociedad. No hay más que ver el nulo papel del Consejo Social -la única línea de participación de la sociedad en la universidad- en el escándalo Cifuentes o el caso Casado. Los objetivos de este órgano son elevar la calidad de la enseñanza superior, aumentar su capacidad investigadora y -este es bueno- «impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad». Nada de eso es compatible al plagio y la entrega de condiciones ventajosas a un nicho de alumnos. Pero el Consejo Social se ha mantenido en completo silencio. No ha lanzado ni un simple reproche contra las conductas académicas deshonestas, menos aún ha reclamado la depuración de responsabilidades, así que no es de esperar que intervenga ahora en el caso Sánchez. Algo falla en el matrimonio autonomía universitaria-rendición de cuentas y probablemente es una de las causas de que tantos españoles toleren el plagio. Pero lo peor es que no veo a este Gobierno con ganas de arreglarlo.

Ana I. SánchezAna I. SánchezRedactoraAna I. Sánchez