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La calidad de la Universidad no baja porque un presidente cometa plagio en una tesis, sino porque el Gobierno defienda que se puede plagiar «si no es mucho», en lugar de reconocer el error y asumir la responsabilidad. ¿Realmente es ése el mensaje que queremos enviar a los jóvenes españoles? ¿Y a los investigadores que dedican la mayor parte de su vida a desarrollar ideas originales que permitan avanzar a la sociedad? Por la misma regla de tres, también se podría defraudar a Hacienda «si no es mucho» o incluso acosar a una mujer «si es solo un poco». Si en estos ejemplos lo vemos claro, ¿por qué no con el plagio?

La intocable autonomía universitaria ha sido lacerante en muchos aspectos. Ha amparado una suerte de corporativismo y una total ausencia de rendición de cuentas a la sociedad. No hay más que ver el nulo papel del Consejo Social -la única línea de participación de la sociedad en la universidad- en el escándalo Cifuentes o el caso Casado. Los objetivos de este órgano son elevar la calidad de la enseñanza superior, aumentar su capacidad investigadora y -este es bueno- «impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad». Nada de eso es compatible al plagio y la entrega de condiciones ventajosas a un nicho de alumnos. Pero el Consejo Social se ha mantenido en completo silencio. No ha lanzado ni un simple reproche contra las conductas académicas deshonestas, menos aún ha reclamado la depuración de responsabilidades, así que no es de esperar que intervenga ahora en el caso Sánchez. Algo falla en el matrimonio autonomía universitaria-rendición de cuentas y probablemente es una de las causas de que tantos españoles toleren el plagio. Pero lo peor es que no veo a este Gobierno con ganas de arreglarlo.