Trabajo libra a los parados de tener que presentar la declaración de la renta al menos este año

En ese texto, el Servicio Público de Empleo Estatal no exigirá al menos este año la presentación del IRPF correspondiente al último ejercicio a los perceptores del paro. Si no lo hacen, porque no les convenga fiscalmente hacerlo, no verán suspendido el cobro de la prestación. En cualquier caso, la obligación de presentar la declaración seguirá vigente de cara a la campaña del próximo ejercicio, según apuntan fuentes gubernamentales, siempre que no se decida lo contrario en los próximos meses. Trabajo justifica este cambio de criterio porque la norma entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, y, por tanto, «durante los diez primeros meses» del año pasado «no había existido la obligación» y solo afectaría a los perceptores de paro o subsidio de los dos últimos meses.

En principio el Gobierno había previsto que esta novedosa obligación tributaria se aplicara en el ejercicio de 2025, el Ejecutivo ha cambiado de criterio teniendo en cuenta que la norma del subsidio entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, y, por tanto, durante los diez primeros meses del ejercicio fiscal del pasado año no habría existido la obligación.

Desde el Ministerio de Trabajo habían puesto en marcha esta novedad, anunciada el año pasado, para lograr un mayor control de las prestaciones, una de las insistencias del departamento para monitorizar ayudas como la prestación por desempleo o el subsidio. También anticiparon que lo hacían para lograr que los perceptores de estos ingresos pudieran beneficiarse por tener que presentar la declaración, ya que si no lo hacían porque no estaban obligados se dejaban una parte de lo que les correspondía fiscalmente.

Esta decisión de Trabajo llega apenas unas semanas después del conflicto generado con el Ministerio de Hacienda a cuenta de la tributación del IRPF para quienes cobren el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). En esta ocasión, el departamento de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido no actualizar las tablas del gravamen, como sí ocurría otros años cuando se subía el SMI, con lo que una parte de los más de dos millones de perceptores de este tipo de sueldos tendrán que tributar unos 300 euros de los 700 euros anuales que les subirá el salario.

Desde Trabajo se habían mostrado contrarios a esta falta de actualización, frente a Hacienda, donde ponen el acento en lo que se ha incrementado el SMI en los seis últimos años -un 60%, recuerdan- con lo que en algún momento tendrían que comenzar a tributar. El choque entre los socios de Gobierno ha llevado a Sumar a presentar una proposición de ley para eximir de tributación a estos ciudadanos, junto a las iniciativas presentadas en este sentido por PP y Podemos, cuya tramitación se encuentra aún pendiente en el Congreso.