El Reino Unido cierra el plazo para que los comunitarios pidan el permiso de residencia en el país

Sin embargo, se cree que miles de comunitarios no han hecho aún el trámite, necesario tras la consumación del Brexit, para mantener el derecho a residir y trabajar en territorio británico tras el divorcio entre Londres y Bruselas, así como a tener acceso a la sanidad, la educación o a prestaciones públicas británicas, lo que podría dejarlos en un limbo legal difícil de resolver. Los principales afectados, según el abogado especializado en inmigración Luke Piper, asesor y director de políticas de ‘The 3 Million’–una organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido–, serán quienes no cumplieron con la fecha límite para entregar su solicitud, y entre quienes están personas de colectivos vulnerables como víctimas del tráfico de personas, ancianos, menores de edad, dependientes o quienes padecen algún tipo de enfermedad física o mental.

Marta Mendiondo, abogada de inmigración residente en Londres, que trabaja en el bufete británico Ince, explicó a ABC que en los últimos días se ha producido una «auténtica avalancha» de trabajadores, sobre todo del mundo de las finanzas, que vivieron en el pasado en Reino Unido y que hasta el último momento se enteraron de que sus años de residencia anterior les daba derecho a aplicar al programa de asentamiento. « Muchos lo están haciendo sobre todo por sus hijos, que tendrán, por ejemplo, la oportunidad de venir a estudiar en el futuro», explicó la especialista, que consideró que precisamente urge que las familias sepan que también debe hacerse el trámite para los menores de edad que viven actualmente en el país, incluso los que han nacido en él y que no obtienen la nacionalidad de forma automática.

Es el caso de Patricia R.L. que ya había contado su situación a ABC y que este miércoles se mostró «decepcionada», ya que lleva más de un año intentando que el padre de su hija, nacida en el Reino Unido, acceda a firmar para que la menor tenga un pasaporte español, motivo por el cual no ha podido registrarla. «Lo haré fuera de plazo, pero tengo miedo de que esto tarde mucho tiempo en resolverse y mientras tanto vivo en la incertidumbre», asegura.

Para la abogada Mendiondo, hay varios problemas en este momento, una vez cerrado el plazo: por un lado, «que mucha gente lo ha dejado para última hora», lo que provocó que ayer la app y la web terminaran cayéndose; por otro, que «el gobierno británico no extendió el plazo» pese a las peticiones de diversas organizaciones y del Partido Laborista, y finalmente, en el caso específico de los ciudadanos españoles, que las autoridades diplomáticas, sobre todo el Consulado de Londres, « no dan abasto para emitir documentación » pese al refuerzo de personal de los últimos meses. Los laboristas exigieron al Ejecutivo del primer ministro Boris Johnson una prórroga de tres meses debido a retrasos y problemas durante la pandemia de Covid-19, pero la petición fue rechazada.

El Ministerio del Interior británico permite a partir de hoy la presentación de una solicitud fuera de plazo en papel, y no en digital como ha sido obligatorio hasta el momento, pero se reserva el derecho de rechazarla si se considera que el solicitante no tiene motivos suficientes para utilizar esta vía excepcional. Fuentes de este Ministerio confirmaron que «cualquiera que haya presentado su solicitud a tiempo, aunque aún no haya recibido respuesta, va a tener protegidos sus derechos hasta que se tome una decisión» y «se expedirá un Certificado de Solicitud como prueba del derecho a trabajar, alquilar una casa, viajar o seguir recibiendo prestaciones». Pero las organizaciones que apoyan a los ciudadanos comunitarios consideran que en el día a día se producirá un limbo legal 'de facto' , con problemas para demostrar dichos derechos ante caseros o empleadores. Las cifras de afectados no están claras, pero se estima que actualmente hay unos 400.000 casos pendientes de resolución y que los afectados podrían contarse por miles, aunque nadie sabe realmente el número de residentes que hay en el país debido a que no hay un censo ni un documento físico como el DNI o el NIE español.

El Gobierno ha concedido 22 millones de libras en financiación a una red de 72 organizaciones voluntarias que están ayudando a personas vulnerables como personas sin hogar, discapacitados y ancianos; una financiación que se ha extendido hasta finales de septiembre para dar apoyo en las aplicaciones tardías.

El secretario de Estado de Interior, Kevin Foster dijo el martes en la Cámara de los Comunes que se habían recibido más de 5,6 millones de solicitudes a finales de mayo y que «si bien la fecha límite es mañana (por ayer, día 30), adoptaremos un enfoque pragmático y flexible para considerar las solicitudes tardías realizadas después de la fecha límite», aseguró.