El precio de la gasolina y las administraciones son lo que más y menos interesa a los conductores

Así se recoge en el estudio realizado por BeConfluence en colaboración con Pons Mobility, en el que se han analizado los datos de 9,5 millones de personas y empresas entre 2021 y 2022 gracias a sus búsquedas, interacciones en redes sociales y visitas a webs.

Las principales preocupaciones, según se desprende del informe, se refieren a los precios de los carburantes, las restricciones de movilidad a los coches en las ciudades, dudas sobre qué tipo de vehículo de comprar y preocupación también por las sanciones administrativas o qué ocurrirá con los vehículos con muchos años.

Noticia Relacionada

Los coches nuevos disparan un 40% su precio: estos son los motivos

Patxi Fernández

Según la OCU, se han encarecido un 40%, muy por encima del IPC

Por su parte, las pymes, micropymes y autónomos reflejan su preocupación por los precios de los carburantes, trabas, restricciones, costes y sanciones a su actividad. Las grandes y medianas empresas expresan unas preocupaciones muy similares.

Sobre el transporte público, los ciudadanos no expresan excesivo interés sobre la sostenibilidad, ya que buscan mayoritariamente información sobre los precios y la fiabilidad del servicio.

En cuanto a la sostenibilidad, el porcentaje de ciudadanos que preguntan sobre ello para tomar decisiones concretas que afectan a su vida es todavía reducido, pese a la masiva presencia de este concepto en el debate lanzado desde instituciones, empresas interesadas y medios de comunicación.

Igualmente, por ahora es reducido el número de búsquedas en internet acerca de la movilidad alternativa: bicicletas y patinetes eléctricos en las ciudades.

Especialmente llamativo es el dato que refleja la práctica invisibilidad e intrascendencia de la Administración central, que no genera interés en ser una referencia para buscar información en sus páginas webs. El índice de visitas es casi anecdótico y buena parte de las veces es en tono de reproche.

En este sentido, cabe destacar que solamente 166.580 personas en los últimos dos años, el 1,75 por ciento del total rastreadas en España, han realizado consultas o búsquedas relacionadas con asuntos relacionados con la movilidad a la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el máximo órgano administrativo regulador. Y de estas búsquedas, el 63,3 es para poner quejas, reprochar el abandono a sectores productivos o para intentar comunicarse.

Sobre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos también acreditan una llamativa crisis de credibilidad. Sólo 102.100 personas y empresas han consultado la web del Ministerio a lo largo de dos años para asuntos relacionados con la movilidad, el 1,07 por ciento de los 9,5 millones de personas rastreadas. Y sobre menciones en redes sociales, sólo ha tenido 282.794 personas que hablaron sobre el Ministerio sobre asuntos de movilidad.

Los datos sobre la Dirección General de Tráfico también ratifican el llamativo desinterés por usar los organismos públicos como fuente de información. Sólo 62.180 personas y empresas han consultado la web de la DGT en dos años para asuntos relacionados con la movilidad, el 0,65 por ciento de los 9,5 millones de personas rastreadas. Y los temas más buscados son los radares en las carreteras (39 por ciento), las normas para los patinetes eléctricos (19,7) o las etiquetas de la DGT para circular (16,7).

Durante la presentación, que tuvo lugar en la Fundación Pons, la directora general de BeConfluence, Rosa Gómez-Acebo, aseguró que este estudio permite «componer una fotografía muy precisa de las verdaderas preocupaciones de ciudadanos y empresas sobre todos los aspectos relacionados con la movilidad, y acredita que este asunto afecta de forma transversal a todos: familias, trabajadores o empresas».

Por su parte, Ramón Ledesma, consejero asesor de PONS Mobility, señaló que la creciente preocupación de empresas y ciudadanos por cuestiones relacionadas con la movilidad «demuestra que 2023 es ya el año en el que la movilidad será uno de loscentros del debate público a nivel social y político. Las restricciones al automóvil, el pago por uso y las nuevas formas de movilidad exigirán a las Administraciones una estrategia muy bien definida y la redacción de un marco normativo claro y homogéneo, así como un esfuerzo extraordinario para hacer llegar estos cambios con una comunicación eficaz«.

En la mesa redonda posterior El director de Estudios y Licitaciones del Grupo Alsa, Alberto Cillero, destacó que la movilidad sostenible «precisa de inversiones y financiación suficiente para los procesos de transformación que deben abordarse. En cuanto a la flota, por la transición acelerada hacia vehículos de cero emisiones que imponen los objetivos de descarbonización. Y por las tecnologías e infraestructuras para la movilidad«.

Manuel Arauco, general manager de TIER Mobility en España e Israel, explicó que pese a la creencia de que la micromovilidad, el uso urbano de patinetes y bicicletas eléctricos es solo cosa de jóvenes «nuestra experiencia refleja que a nivel mundial rel 45% de los usuarios tienen entre 26 y 40 años y el 34% tiene más de 41 años, mientras que los usuarios de entre 18 y 25 años solo representan el 21%».

Precisamente refiriéndose a este tipo de vehículos, Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa afirmó que «si no tomamos conciencia de los riesgos, la evolución de la accidentalidad puede ser negativa, sobre todo en un contexto en el que el número de accidentes en ciudad se está incrementando notablemente. En este sentido, la nueva movilidad debe ser, además de sostenible, segura, responsable y respetuosa con las normas». Garre destacó la necesidad de que este tipo de vehículos cuenten con un seguro, así como que se conozcan y respeten las normas básicas «ya que patinetes y bicicletas son vehículos, y tienen que compartir las calles con otros vehículos y con peatones».

El director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Francisco Javier Gómez López, dijo que «la movilidad es un elemento que está en continuo cambio. Cambio que en los últimos dos-tres años se ha acelerado por muchos motivos: Covid, aparición de vehículos de movilidad personal, coste de la energía, bonificación de tarifas en transporte público, impacto medioambiental…, y todo esto sólo se puede llevar a cabo si la Administración y las empresas privadas trabajan juntas para buscar soluciones a los retos que se plantean continuamente y las aplican».

Por último, Manu Marín, CEO de Livall, explicó que «que la tecnología inteligente es clave para la movilidad urbana del futuro, y nuestro objetivo es educar a las personas sobre cómo pueden utilizarla de manera efectiva para mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte urbano».