Las víctimas: «Tras los accidentes priman los criterios económicos a los médicos»

Miembros de esta organización se han reunido con con la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía para hacer constar una serie de quejas y reivindicaciones con las que restituir los derechos de las víctimas de accidentes que se han visto mermados por la entrada en vigor del nuevo baremo Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Entre las principales quejas expuestas por ANAVA se encuentra el retraso en la presentación del informe razonado con las propuestas de mejora y evaluación de la Ley 35/2015. Según la Ley ese informe debía de haberse presentado en el primer trimestre del 2019 y en la fecha actual todavía no se ha realizado.

Critican también los que consideran graves incumplimientos de algunas aseguradoras en relación a los artículos que regulan el procedimiento de oferta motivada así como el comportamiento de los médicos valoradores que, según aseguran, no facilitan copia del informe al lesionado o abogado, y la prohibición de las ofertas verbales que siguen realizando las aseguradoras condicionando a la renuncia de acciones posteriores o las presiones que reciben las víctimas por parte de las aseguradoras conculcando sus derechos de libre elección de centro médico o abogado.

Desde ANAVA quieren demostrar la falta de transparencia de los expedientes sancionadores de las aseguradoras por los reiterados incumplimientos que se han producido en el procedimiento del art. 7, desconociendo qué compañías se han sancionado y los motivos. reclamar que dichas sanciones sean publicadas para el conocimiento de los operadores jurídicos y la ciudadanía.

Desde esta asociación reclaman incrementos económicos en las indemnizaciones, en concreto reforma de las Tablas correspondientes al perjuicio personal, y del Baremo económico/secuelas, que se encuentran completamente desfasados.

ASimismo denuncian el «uso desproporcionado de informes de biomecánica relativos al criterio de intensidad» que conducen en muchos casos a que la víctima tome una decisión desacertada «en base a un informe sin ningún respaldo científico». Según su experiencoa «se están dando muchos casos que la aseguradora incluye unos informes previos de intensidad en donde rehúsan el siniestro durante el proceso de oferta motivada pero luego, en el trámite de contestación a la demanda, admiten la relación causa-efecto con un informe de los mismos peritos que lo negaron anteriormente».

Para Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC esta reunión ha sido «muy productiva, agradeciendo a la administración el interés mostrado en escuchar nuestras reivindicaciones en favor de las víctimas de accidentes y los abogados que las defendemos, esperando que se tomen en consideración y se trabaje en pro de la parte más débil de esta relación jurídica, confiando que esta administración, de marcado carácter social, sea coherente y proteja a la parte más desfavorecida».

En definitiva, considera que cumplidos cuatro años de la entrada en vigor del nuevo baremo, «se constata que perjudica a miles de víctimas de accidente de tráfico, ya que ha supuesto una disminución en torno al 40% en las indemnizaciones, sobre todo, en víctimas menos graves».