Los dueños afectados por el fallo de este sistema perciben como el coche les avisa de un error en el sistema y les avisa de que deben arreglarlo para seguir utilizándolo. Tanto el fabricante como los talleres oficiales saben del problema que, fuera de los cinco años de garantía del vehículo, supone un coste de 1.200 euros para los propietarios, que se han coordinado para intentar que la compañía de automóviles francesa asuma el coste de la reparación, que implica la sustitución de dicho depósito sin la garantía de que, pasados los años, vuelva a tener el mismo problema.
Ante esta tesitura, la OCU ha agrupado las quejas de muchos usuarios para denunciar ante la Dirección General de Consumo de Madrid y ante las autoridades europeas lo que consideran una «infracción de los derechos de los consumidores», solicitando la pertinente sanción.
El grupo automovilístico PSAG (que agrupa las marcas Citroën, Peugeot, DS y Opel) sigue sin admitir este problema como un fallo de fábrica, por lo que los afectados se agrupan para intentar buscar una solución que, por el momento, sólo pasa por rascarse el bolsillo y arreglarlo en un taller.
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