«Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida»

A partir de ese momento, la única forma en la que se seguirán viendo ese tipo de propulsores es en modelos de producción muy limitada –el umbral que se baraja hoy es el de las 10.000 unidades anuales– o estando estos adaptados a combustibles cuyas emisiones netas sean cero.

La votación en la cámara de Estrasburgo fue ajustada –340 a favor, 279 en contra y 21 abstenciones– y ha puesto de manifiesto la postura de los siete bloques políticos que la componen. Entre ellas destaca la oposición del Partido Popular Europeo (PPE), cuyo portavoz, Jens Gieseke, afirmó que «Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida« y que la decisión se traducirá en coches nuevos más caros y en «la pérdida de miles de puestos de trabajo».

La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís ha expresado el apoyo a la transición hacia el coche eléctrico, si bien ha advertido de la necesidad de prever medidas de acompañamiento para la transformación de la industria, en especial en regiones como Castilla y León, Navarra, Aragón o Galicia, donde miles de familias dependen del sector.

El vicepresidente de Los Verdes europeos y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha celebrado, por su parte, el liderazgo de la Unión Europea en la electromovilidad, a favor de «un transporte más limpio, la neutralidad climática y una mayor competitividad». Urtasun también ha defendido que la nueva norma garantiza «seguridad de planificación para el cambio a la e-movilidad, refuerza a la UE como emplazamiento automovilístico y protege la salud de la ciudadanía», al tiempo que ha pedido impulsar ahora la producción de baterías y de la infraestructura de recarga.

Enfrentado a la postura del PPE, el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de la comisión de Medio ambiente de la Eurocámara, César Luena, sentenció: «Si queremos reducir las emisiones de CO2, tener una movilidad asequible, sostenible y limpia y transformar nuestra industria, tenemos que votar a favor de este reglamento».

Entre las metas que introduce el texto votado es el de reducir en un 45% el CO2 de vehículos comerciales e industriales en 2030. Esto, según la asociación europea de fabricantes, ACEA, supone que para ese año debería haber 400.000 camiones eléctricos en circulación y unas cifras de matriculaciones de al menos 100.000 unidades al año. Además, también serían necesarios 50.000 puntos de carga aptos para camiones –tanto en tamaño como en potencia– de acceso público.

Para el presidente de la división de comerciales de ACEA, Martin Lundstedt, «esta meta es demasiado ambiciosa, pero los fabricantes estamos dispuestos a cumplirla. Lo que es necesario es que se implemente políticas de calado para que otros actores de la cadena logística también pongan de su parte».

Además, poner un objetivo de descarbonización total para autobuses urbanos hace que los ayuntamientos tengan mucha presión para ajustar sus planes de inversión y garantizar que tienen la capacidad de carga en las cocheras.