Las mareantes cifras de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Diez años después de que se aparcara, el Gobierno regional ha retomado y ha pisado el acelerador de un ambicioso proyecto que prevé aglutinar las 28 sedes judiciales desperdigadas por la capital en 206.000 m2 construibles situados en una parcela de 300.000 m2 de superficie, frente a los 154.000 m2 existentes en la actualidad. No se construirá en todo el terreno.

De los 60.000 m2 de uso terciario se dejarán 10.000 m2 para usos asociados, es decir, básicos: farmacias, oficina de correos, estancos, cafeterías, reprografías, etc. Y, si la concesionaria quiere asumir riesgos, podrá construir en el resto. Así lo indicó este martes Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia.

En febrero la Comunidad convocará el concurso de obra pública y la licitación se producirá el 1 de julio, después de las elecciones si el futuro gobierno no lo impide. El verano de 2019 la «City judicial» abrirá sus puertas. Esa es la hoja del ruta del Gobierno regional.

La fórmula elegida es la de la concesión por un periodo de 30 años. La adjudicataria del complejo pagará, euro a euro, los 483 millones que le costará levantar los catorce edificios previstos y por los que se licitará el concurso, que se agruparán en tres bloques: Penal, Civil y Administrativo, con un edificio libre para proyectos futuros.

La concesionaria no solo pagará el diseño y la construcción sino también el mantenimiento (seguridad, limpieza...) y el equipamiento, salvo los equipos informáticos, con el consiguiente ahorro para las arcas regionales. Todo ello se traducirá en que al contribuyente no le costará ni un solo euro este gigante judicial.

Los cuatro primeros años, es decir, durante el tiempo de duración de las obras, la Comunidad no pagará nada. Lo hará en el verano de 2019, una vez que la «city» comience a funcionar.

El canon será de un máximo de 45 millones al año, una cifra muy inferior a la que ahora destina cada año a los alquileres y servicios de las 28 sedes judiciales de la ciudad, de las que 19 son de alquiler, precisó Victoria. Con ello, se sufragrá esa cantidad.

Además, los fallos o deficiencias en el mantenimiento de los edificios se descontarán de la cantidad a abonar en el siguiente ejercicio siguiente, incluyendo, incluso, el «coste 0».

Al finalizar el periodo de la concesión, que comenzará a contar en 2015, la Administración regional será la propietaria de la Ciudad de la Justicia.

Las arcas públicas crecerán, dado que cada año a Justicia se le destina una partida de 400 millones de euros que no incluyen el pago de nóminas del personal: jueces, fiscales, etc, precisó el político. Todo lo ahorrado se invertirá en la Administración de Justicia.

La factura judicial es muy cara. Solo en electricidad la Comunidad desembolsa 6 millones al año, otros 15 en envíos postales, correos o taxis, debido a la dispersión de las sedes, que obliga a los profesionales a moverse de punta a punta de la ciudad.

A ello hay que sumar los gastos derivados de la seguridad, limpieza energía, transportes, que se verán mermardos sensiblemente, al estar concentrados en la misma zona. El ahorro será cuantioso, indicó Victoria.

En el boceto de la futura «City judicial» la Comunidad ha reflejado su diagnóstico sobre las necesidades de la Justicia madrileña y los parámetros de construcción. Ahí, establece que las sedes judiciales puedan crecer en función de las futuras necesidades hasta una planta. Esto será posible preparando de forma adecuada la cimentación de los edificios.

«La unificación del conjunto se mantendrá y permitirá gastar menos», indicó el consejero de Presidencia y Justicia. Se prevé que los inmuebles no superen las seis alturas y sean idénticos, para abaratar costes.

Serán edificios «ni low cost» ni «higt cost»: atractivos, modernos y funcionales pensados para moverse por ellos con escaleras mecánicas más que en ascensor.

La que será, la Ciudad de la Justicia más grande de Europa, según Victoria, no tendrá papeles. Todos los documentos estarán digitalizados y se habilitará un archivo centralizado y electrónico para toda la «City». Con ello, pasarán a la historia las estampas actuales de documentación y expedientes en pasillos y hasta en los baños.

La unificación de sedes ahorrará no solo dinero sino también tiempo en desplazamientos, lo que permitirá que la Justicia sea, al menos, un 20% más rápida, según las estimaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico. En ello ayudará también disponer de más salas para celebrar las vistas ya que cada Juzgado con su propia sala de vistas, no como sucede hasta ahora que la comparten.

La Ciudad de la Justicia tendrá un gran impacto económico será de casi 500 millones de euros y su construcción aportará cuatro décimas al PIB regional. A todo ello cabe añadir la creación de unos 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos, unos 9.000 cualificados, según las estimaciones de la Comunidad. Por el complejo pasarán cada día 25.00 personas entre trabajadores, profesionales de la justicia y ciudadanos.