Una ley obligará a los cargos de la Xunta a pagar su defensa si pierden

Otro de los aspectos contemplados en la futura ley es que será la Asesoría Jurídica de la Xunta la que determine si se hace cargo de la defensa del empleado, a la par que se contempla el rechazo de la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya «indicios» de que ha actuado «contra los intereses de la administración» . Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento podrá ser «revocada» en cualquier momento.

Tal y como había apuntado el presidente Núñez Feijóo en la presentación previa de esta norma, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto también deberá ser indemnizado por la Administración. Finalmente, el presidente destacó que el texto desarrolla, además, el principio de calidad normativa que fue introducido también en la Ley de Racionalización. Así, en desarrollo de esa ley se aprobaron unas directrices de técnica normativa para unificar los criterios estructurales y formales de las normas que elabore la Xunta. Ahora, se le asigna legalmente a la Asesoría Xurídica la misión de velar por su cumplimiento garantizando «la homogeneidad y la claridad» de todo el ordenamiento jurídico gallego para que el procedimiento sea más garantista.