Los ganaderos gallegos denuncian que el 100% de los contratos «son ilegales»

El cambio de ciclo se le está atragantando a un sector que dibuja un escenario en el que los productores se presentan como «rehenes», el «eslabón más débil» en palabras de Isabel Vilalba (Sindicato Labrego Galego), de una batalla que claramente está ganando la industria, que es la que «exige la adhesión bajo amenaza de no recogida» y marca el precio final del litro de la leche.

Y es precisamente esta imposición y la ausencia de negociación la que ha llevado a los representantes de Unións Agrarias (UU. AA.), Xóvenes Agricultores (XX. AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG) a denunciar ante la Xunta, también lo harán ante el Ministerio competente, que la totalidad de los contratos firmados desde el pasado 1 de abril —coincidiendo con el fin de las cuotas— «son ilegales». «Tanto que se está pagando el litro a 21 céntimos», informaron.

Basan así su escrito de denuncia en que la industria no solo no formaliza la oferta a la que está sujeta —al menos dos meses antes del inicio de las entregas de leche—, sino que «impone contratos de adhesión» ante los que los ganaderos solo tienen dos opciones: «aceptar o enfrentarse a la posibilidad cierta de no vender su producción de leche». Es por ello que para Francisco Bello (Xóvenes Agricultores) «el paquete lácteo que pretendía ser una herramienta de defensa para el sector se ha convertido en un arma arrojadiza contra el ganadero». El chantaje llega hasta el punto, detallan desde estas tres centrales sindicales, de ofrecer precios anormalmente bajos para el contrato de un año «haciendo saber que solo incrementarán su oferta si acceden a un plazo menor, acorde a los intereses de la industria». Citan como ejemplo los 20 céntimos por litro ofrecidos por Industrias Lácteas Asturianas, los 21,13 de Leitigal, los 22 de Lácteos Hermanos López o los 25 de Iparlat Sual, muy por debajo de los costes de producción en torno a los 30 céntimos.

En este sentido, el escrito incluye documentos en los que empresas como Lactalis, Industrias Lácteas Asturianas, Leite Celta y Lácteos Casa Macán ya han cubierto la renuncia del productor a la duración establecida por decreto, o acompañan el contrato de un modelo de renuncia o de una nota informativa en la que se recuerda la obligación de suscribirla.

Como complemento a los documentos aportados en su denuncia, las organizaciones sindicales proponen al Gobierno gallego «la práctica de prueba testifical, que se podrá llevar a cabo en cuanto por esta administración se garanticen las condiciones de confidencialidad para aquellas personas que deben declarar como testigos».

La indeterminación del precio de la leche en los contratos es otro de los aspectos que se recogen en el escrito. La normativa recoge la posibilidad de establecer un precio variable, pero siempre en función de parámetros «objetivos, verificables, no manipulables y procedentes de fuentes públicas y accesibles por las partes», extremo que, indican, incumple Logística Alimentaria al condicionarlo a la cotización de dos productos industriales, la manteca y la leche en polvo, «sin indicar el peso de cada uno de ellos».

Roberto García (Unión Agrarias) asegura que, pese a que la normativa busca que los precios sean producto de una negociación, las organizaciones sindicales pueden demostrar que «el 100% se corresponden con la propuesta inicial hecha por la industria». «El ganadero, en ningún momento, ni de forma individual ni colectiva, pudo modificar ni una sola coma de los distintos contratos, muchos de ellos claramente abusivos». Preguntado a este respecto, el empresario lucense Jesús Lence, propietario de Leche Río, se desmarcaba ayer de los bajos precios que denuncian y que equiparó a los que se abonan a ganaderos en Francia, Alemania y Portugal. Dejó claro que su empresa firmó «para ganaderías sostenibles contratos por un año a 30 céntimos y para ganaderías intensivas, a 27 céntimos el litro de leche». Por último, la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, quien describió «un momento complicado, un cambio de ciclo que coincide con el aumento de la producción, el descenso del consumo y unos precios muy bajos», señaló que el Ministerio de Agricultura ya ha iniciado contactos con Bruselas para mermar el impacto en Galicia del fin de las cuotas lácteas y tratar de paliar el conflicto.