La investigación partió de la denuncia de dos ex empleadas

Dos meses más tarde, estas mismas empleadas acudían a la Policía para prestar declaración y comenzar la vía de la investigación judicial . En su testimonio, ya detallaban el mecanismo de funcionamiento: Caype recibía subvenciones del Ministerio de Trabajo y solicitaba autorización para que Azetanet impartiera los cursos. El Estado adelantaba como anticipo el 80% de la subvención, de la cual Eliseo Calviño determinaba qué porcentaje iba a Azetanet. Posteriormente, Caype justificaba el 20% restante para la liquidación final «con las nóminas de las trabajadoras y de Eliseo, de Francisco Pérez Bello —otro de los imputados— como asesor jurídico, alquileres del local, lo cual no llegaba al 20% de esas subvenciones, motivo por el cual empresas de Gerardo Crespo como Mavilga realizaban facturas falsas para completar el importe, siendo facturas en concepto de asesoramiento diverso».

La Policía no salía de su asombro cuando estas empleadas le confirmaban que Caype no tenía asociado alguno , carecía de representatividad —a pesar de comprar listados «por Internet»— y que se habían quedado una subvención para contratar nueve meses a dos desempleadas que se despidieron apenas transcurrieron dos.

Del hilo se siguió tirando, y por él apareció una subvención ministerial de 30.000€ para organizar la V Convención Nacional de Autónomos «la cual no se realizó en absoluto, a pesar de que hay facturas de catering y coffee break libradas por el restaurante Don Sabroso», propiedad de Calviño.

Con todo esto, no es de extrañar que en una conversación entre Calviño y Pérez Bello de junio de 2012 admitan que «a Caype la han cazado (...) y tenemos que coordinarnos para saber lo que vamos a decir cada uno y salir adelante». «Han tirado del hilo y han llegado al ovillo», comentaban los imputados. Y el ovillo era una señora madeja.