La trama «Zeta» habría pagado a un director xeral de la Xunta ya dimitido

El nombre de Martiñá aparecería en la «contabilidad b» de Azetanet, una vez que la Policía se incautó de la documentación de la sociedad en uno de los registros. En la relación contable de 2010 se recoge un asiento denominado «Dinero Odilo» con fecha 27 de mayo de ese año, y con una cantidad de 1.800€. El asiento no detalla la razón de esta entrega, ni tampoco las grabaciones telefónicas intervenidas, que comenzaron en enero de 2012.

Odilo Martiñá dimitió de su cargo el pasado 25 de septiembre alegando «razones personales». Apenas 24 horas más tarde prestaba declaración en el Juzgado de Instrucción nº 6 de La Coruña, que investiga la denominada «operación Zeta» , rehusando explicar su vinculación con la causa. Hasta el momento, Martiñá no está imputado en el marco de la investigación. Resta por conocer el contenido de cuatro tomos del sumario, en proceso de digitalización.

En los más de doce mil folios de sumario, los investigadores detallan una estructura perfectamente organizada y que repetía su operativo. Constituían asociaciones de autónomos —con o sin discapacidad—, se hacían con listados que compraban a terceros para justificar una representatividad en los distintos territorios —autonómicos y estatal— y se presentaban a distintas ofertas para captar subvenciones para la formación. Mientras no existieron canales de fiscalización de este dinero o no fueron lo suficientemente exigentes, la trama fue funcionando gracias a facturas infladas o directamente falsas con las que justificar cursos muchas veces inexistentes, según estima la Policía.

Por ejemplo, así habría actuado Azetanet con un curso de alzheimer que le habría encargado la Federación Nacional de Clínicas Privadas. Los investigadores aprecian que Gerardo Crespo «dio la orden para que se falsificaran una mayoría de los recibís de los diplomas» para así cobrar «el resto de la factura por abonar de este cliente, 21.000€».

Para desarrollar la actividad supuestamente fraudulenta, entre Crespo y su mujer dirigían hasta once sociedades mercantiles —entre las que destacaban Azetanet, Gecreri, Mavilga, Gecam Formación, Picnotic o Ediciones Transfontao— y otras siete asociaciones, con Fundefo a la cabeza. Algunas de las restantes, como Atrade —Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de España— contaban con el apoyo de organizaciones como la ONCE, dado que utilizaban la cuestión de la discapacidad como un elemento de atracción y mayor sensibilización.

También en el organigrama estaba Caype —Confederación de Autónomos y Profesionales de España—, que no representaba a nadie pero que contaba con sedes ficticias en todas las autonomías, derivaba a Azetanet todas las subvenciones de formación que recibía de las distintas administraciones públicas y se quedaba con un 20% de la cantidad como comisión. Para la Policía, «la justificación del gasto se hacía con facturas falsas».

El trozo del pastel que correspondía a Caype se hacía esquivando los controles de Hacienda. Por ejemplo, en una conversación entre Gerardo Crespo y el presidente de Caype, Eliseo Calviño —también imputado—, se detallan cómo le ingresarían a éste los 13.000€ que le correspondían. «Necesito sacar el dinero en efectivo en varios días, no me vaya a inspeccionar Hacienda, porque tengo que ir sacando de 2.500 en 2.500, me dice mi asesora», le relata Crespo.

Los propios trabajadores de algunas de las empresas no ignoraban el ingente fraude que estaban construyendo y así se lo decían a su jefe. «Estoy harto de que me digáis que lo que hacemos es todo un bluf», dice una empleada a otra recordando una conversación con Crespo, «pero es que este tío se cree que hacemos las cosas bien». Hasta sus socios lo admitían: «Si esto lo coge un juez con ganas de trabajar, lo desmonta todo de arriba a abajo».

Otra táctica para dotar de aparente contenido los cursos que no se hacían era copiar sin pudor los resúmenes de actividades de ediciones de años anteriores, sin apenas cambiar una coma. Una empleada se lo apercibe a Crespo: «El día que te hagan una auditoría te van a pedir todas las ediciones para atrás y nos vamos a cagar (sic) (...). Te la estás jugando por 6.000€». El empresario la tranquiliza: «Es una caquita, no lo va a mirar nadie». Se equivocaba.

Cuando la Xunta inició una serie de inspecciones que derivaron en visitas presenciales a 26 de los centros del grupo Azetanet, la Consellería de Traballo puso la lupa sobre las ayudas concedidas a Gerardo Crespo. «Estamos muy mal», se lamenta a una jefa de servicio de la Xunta, «cuídanos los descuidos», pide en relación a hacer la vista gorda. La funcionaria le replica tajante: «Yo no puedo cuidar descuidos (...) No tengo claro si esa persona estuvo trabajando al 100% como orientadora laboral (...) Tendré que valorar si se han realizado las actividades que yo he subvencionado o no (...)».

Y de paso le adelanta a Crespo algunas evidencias de la inspección realizada a sus instalaciones tras la denuncia: «La Inspección no vio mucha actividad ni muchas cosas que estaban en la memoria (...) Han visto una serie de cosas que no existen y evidentemente el informe no es positivo». El empresario acaba molesto con esta jefa de servicio que cumple con su labor y se lo comenta acto seguido a una empleada: «No me gusta esta persona».

Las inspecciones de la Xunta derivaron en la revocación formal de las ayudas, un varapalo que Crespo intentó parar recurriendo a su supuesta influencia. La directora xeral de Empleo, Ana María Díaz, a quien abordó telefónicamente, le frenó en seco. «No puedo tener esta conversación telefónica contigo y lo sabes», le reprende, «yo me voy a ceñir a la legalidad (...) No se puede emitir una factura por algo que no se hace y tú lo sabes, eso es ilegal Gerardo».