El Tribunal de Cuentas investiga supuestas irregularidades en materia de personal en Vigo

Olayo Eduardo González ha precisado, no obstante, que esa investigación nada tiene que ver con los supuestos casos de enchufismo que una plataforma ha llevado a la Fiscalía en Vigo, en relación con la contratación de familiares y personas afines a Abel Caballero y varios concejales. Así, ha señalado que la mayoría de denuncias por enchufismo deben dirimirse en la jurisdicción penal, y que, si el Tribunal de Cuentas detecta casos, debe ponerlos en conocimiento de las fiscalías territoriales correspondientes para que lo investiguen penalmente.

Con respecto a la denuncia anónima sobre el caso de personal, González ha explicado que la Fiscalía deberá decidir, en función de los hechos y de las conclusiones que saque, si inicia un procedimiento para exigir responsabilidades, o si se archiva la cuestión.

En relación con las consecuencias que podría tener una actuación del Tribunal de Cuentas, tanto en éste, como en el resto de casos, el fiscal jefe ha señalado que este tribunal no condena ni sanciona como se hace en el ámbito penal, pero que puede obligar a los responsables de una mala gestión de fondos públicos a «devolver, de su patrimonio privado, a la Hacienda pública los caudales que salieron indebidamente, o se dejaron de ingresar».

Pese a que lo negó hasta en dos comunicados de prensa, el concello acabó reconociendo este jueves que el único requerimiento recibido se refiere al nombramiento del interventor municipal, cuyas circunstancias, señaló, ya se documentaron y explicaron al Tribunal

Por otra parte, y en relación a la petición de que el Tribunal de Cuentas actuase en el caso de Baltar, condenado por los enchufes en la Diputación de Orense, Olayo Eduardo González ha indicado que ese proceso, que concluyó con una condena penal por prevaricación, «no se derivaría, en principio, una responsabilidad contable».

Así, las personas contratadas «ilegalmente o no» habrían cobrado su retribución para cumplir un cometido, y si se impone que devuelvan ese dinero, la Administración se podría estar enriqueciendo ilícitamente.