Un año después, el caso sigue en fase de instrucción

En un auto, Aláez explica que los informes preeliminares entregados por cuatro de los seis peritos aportan información que, a su juicio, «acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal».

El magistrado ya había imputado en su día a 22 cargos de Adif relacionados con la seguridad, si bien la Audiencia Provincial de La Coruña dejaba sin efecto días después esta medida.

Hasta que haya un informe definitivo y sentencia firme, el caso continúa en el aire. Por el momento, se analiza el trazado y el estado en el que quedó el convoy. La versión del maquinista también es determinante para contrastar con los diferentes informes que se han realizado.

En la conversación que el conductor mantuvo con el centro de control de Atocha, en medio de la confusión inicial, deja entrever lo siguiente: «Esto... Esto... eh... esto ya lo advertí hace tiempo... Somos humanos y se nos puede ir la olla y se... y se... y se me pasó a mí. ¡Me cago en diez! Le pudo pasar a cualquier compañero mío ¡me cago en diez! Y lo... y lo... y lo malo es... son los viajeros. Es que... no se puede recibir en anuncio... eh... en anuncio de... de ... de ... en vía libre y con una limi... y con una limitación a 80 ¡joder! es que eso es inhumano. Yo... yo cero que... que eso es un fallo de... de... de seguridad». [ Lee aquí la conversación íntegra ]

Dos meses después de la tragedia, Francisco José Garzón Amo, el maquinista imputado por 79 homicidios imprudentes y una pluralidad de delitos de lesiones imprudentes, admitía ante el juez que circulaba a más del doble de la velocidad permitida (80 kilómetros por hora para el tramo donde ocurrió el siniestro) y que sí frenó, pero sólo en el último momento, cuando ya era imposible evitar el descarrilamiento del convoy. Tras esta declaración, el juez decidía dejarle en libertad con cargos .

Además, once directivos de Adif cuando se abrió la línea Orense-Santiago, siendo el socialista José Blanco ministro de Fomento, permanecen imputados.

Por el momento continúa la investigación y el caso sigue abierto.

El juez Andrés Lago Louro, sustituía el pasado día 20 de junio a Luis Aláez al frente del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, encargado de la investigación del accidente ferroviario registrado el verano pasado en Angrois.

Un cambio de manos del caso duramente criticado por la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que representan a los afectados por el accidente ferroviario en Santiago de Compostela, por considerar que este hecho «eterniza el proceso judicial».