La edil orensana Áurea Soto arremete contra el juez y el fiscal por una querella

Hernández representa en los juzgados de Orense a la edila de Urbanismo en las seis denuncias que le atañen, y al exalcalde Francisco Rodríguez, que ya declaró como imputado en la causa de las asistencias técnicas y en la de las obras de la rúa Bedoya . El letrado y Soto han explicado a los periodistas que se pidió el archivo de la causa por la plaza de San Antón, y denunciaron, una vez más, el «ataque» contra el grupo de gobierno municipal. El letrado ha centrado sus críticas en el expediente de la plaza de San Antón, donde se construyó un aparcamiento y edificios de viviendas en suelo que ocupaba antes el asilo, no existe ninguna ilegalidad «y hay informes jurídicos y técnicos y sentencias judiciales firmes que avalan la inexistencia de conducta delictiva alguna».

La documentación alude a incidentes de nulidad y sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2007, y recursos y resoluciones, en los que tras la denuncia de un particular, se anularon las licencias de ocupación y de actividad del aparcamiento subterráneo en la plaza de San Antón, concedidas a construcciones Hermanos Carrajo, y se acordó la inejecutabilidad de esa sentencia, y la concesión de esas licencias en la Junta de Gobierno local del 4 de diciembre de 2007, con un nuevo equipo de Gobierno tras las elecciones de ese año. La denunciante reclamó 900.000 euros de indemnización por la inejecutabilidad de la sentencia del TSXG pero el alto tribunal gallego rechazó su pretensión. El Ayuntamiento redactó entonces un convenio de pago de indemnización, por 358.528 euros y, según los comparecientes, «no hubo objeción alguna por lo que se propuso a la Junta de Gobierno la aprobación de ese pago».

Hernández ha explicado que tras la denuncia presentada hace unos meses por vía penal, por parte de Democracia Orensana y la hija del promotor local Bautista Rodríguez, el titular del juzgado de instrucción número 1 pidió al Ayuntamiento de Orense un listado de los integrantes de las juntas de gobierno de diciembre de 2007 -que dio las licencias- y la de 2009 -que acordó el pago de la indemnización a la denunciante inicial-. «¿Qué delito cometió Áurea Soto al tener los informes jurídicos y técnicos favorables a la concesión de las licencias y por qué se le acusa ahora de prevaricación tras indemnizar?», se ha preguntado el letrado, para agregar que la petición de integrantes de las juntas de gobierno local de 2007 y 2009 «sólo tienen una explicación y es que todos serán llamados a declarar como imputados».

Según ha detallado Hernández en la rueda de prensa, y en el escrito enviado al juzgado para pedir el archivo del caso, la ahora querellante -hija del promotor Rodríguez- y su familia «instrumentalizan indebidamente los juzgados de instrucción» para «alargar unas diligencias totalmente insostenibles, para atacar a un equipo de gobierno que defiende la legalidad urbanística vigente».

Así las cosas, ha aludido al juez instructor y a su «gran poder» para reclamar que tenga también «mucha responsabilidad y moderación», además de reprochar que tenga un caso como el de la plaza de San Antón «abierto durante un año sin evidencias patentes de una infracción». El juez, según el abogado, actuó de forma «no correcta y tendrá muy difícil explicar cómo instruye esta causa teniendo la sentencia del TSXG».

Igualmente, se ha referido al fiscal jefe para reprocharle que no «esté activo por burocracia, o por desidia, para tomarse en serio la hiperactividad judicial que sufre un gobierno municipal», y ha recordado que van seis querellas en las que no acudió a las declaraciones «y las que pueden quedar». «El fiscal tiene conocimiento de esta sobreactuación sobre el Gobierno municipal, aunque sólo sea por la prensa, y debe estar muy activo para detectar las posibles querellas catalanas, llamadas así las que tienen intereses claros y sólo espurios, pero el fiscal no estuvo en ninguna», ha reprochado.

En concreto, ha advertido que la figura del acusador público para recordar que está para proteger «los derechos de todos, no sólo los de la infanta, y donde ve que no hay nada tiene que emitir un informe, igual que en caso contrario».

Por su parte, el PP ha respondido mediante un comunicado a lo denunciado en la rueda de prensa de Carlos Hernández y Áurea Soto. Así, según el portavoz local de los populares, Rosendo Fernández, es «abominable e infame» el «ataque» contra el juez de instrucción y fiscal jefe, «lejos de la legítima defensa de los dos imputados, que el PP en absoluto critica». El portavoz considera que el «nivel de esperpento rebasa todos los límites de la lógica y la decencia en la práctica política».

También se ha referido al lugar de la rueda de prensa y ha censurado el uso «perverso» el del salón de plenos para un asunto «particular de una concejala». Por último, ha expresado su rechazo «más contundente» pues su uso no está permitido a los demás grupos políticos.