Resistencia Galega, contra las cuerdas

Mermada por una presión policial que se ha intensificado en los últimos tiempos, tampoco sentó bien entre los miembros y afines a Resistencia el testimonio que uno de los suyos ofreció ante el juez Grande-Marlaska el pasado 29 de mayo. Arrepentido por su paso por la banda , Xurxo Rodríguez Oliveira explicó ante el tribunal de la Audiencia Nacional que los explosivos que portaba cuando fue detenido junto con otro integrante de la organización eran para atentar contra una sede del PP que llevaban tiempo vigilando. Tampoco tuvo reparos al señalar a la persona que iba a instruirlo en el uso de las bombas ni en reconocer los sabotajes que había practicado. Contrariados por su declaración, algunos afines a Resistencia Galega criticaron que este testimonio respondía a una estrategia para cumplir una pena rebajada en una cárcel gallega y esquivar así el régimen Fies que se aplica en este tipo de condenas.

Con su red de comunicaciones muy controlada, el seguimiento sobre la única banda armada en activo en España se concentra en tres puntos de la geografía gallega. En Santiago y alrededores es donde se localiza el cerebro de la organización y donde se adoptan buena parte de las decisiones. En la zona de Pontevedra y La Coruña, explican fuentes cercanas a la investigación a ABC, se desarrollan labores operativas, y en ciudades como Vigo la actividad policial se centra en el movimiento de algunos grupos en determinados locales.

En la actualidad, son unos 60 los efectivos que se afanan en desarticular la banda creada en 2005 y pilotada desde la sombra por Antón García Matos, alias «Toninho», y su pareja María Asunción Losada Camba. Este plantel de agentes se divide en dos grupos bien diferenciados. Por una parte, están los que trabajan a pie de calle, conocidos como «operativos», y que se dedican a obtener información. Los datos que recopilan se transfieren al segundo de los grupos implicados, el de los «analistas», que filtran y buscan vínculos con las averiguaciones que los primeros aportan. En su trabajo, este grupo especializado cuenta con el respaldo de los magistrados de la Audiencia Nacional, que colaboran activamente en todas las operaciones que se ejecutan en tierra gallega de la mano de la propia Delegación del Gobierno.

La última operación puesta en marcha por los hombres de la lucha antiterrorista en Galicia tuvo lugar la pasada semana en un barrio de la capital gallega. Una veintena de guardia civiles participaron en la captura de un presunto colaborador de la banda acusado de dar cobijo a María Osorio durante el mes que ésta permaneció fugada de la Justicia. La operación fue ordenada por el juez Eloy Velasco, que imputó al arrestado la posible comisión de un delito de colaboración con banda armada. Y es que se cree que el detenido pudo ser una de las personas con las que Osorio estableció contacto desde Portugal para pedirle ayuda en su fuga. En este sentido, la Guardia Civil no descarta que la terrorista lucense hubiese contado con más encubridores dentro de Galicia que le podrían haber dado cobertura antes de ser capturada en Ponferrada, por lo que tampoco cierran la puerta a nuevas detenciones.

Sea como fuere, el salto cualitativo dado por la Audiencia Nacional al calificar a Resistencia Galega como banda armada parece estar pasando factura a la nómina de nuevas altas. Así lo interpretan algunos de los agentes especializados en terrorismo de la Comunidad, que palpan el «nerviosismo» por la naturaleza de las condenas y las «dificultades para captar nuevos miembros».

Aunque los atentados perpetrados por Resistencia Galega —más de medio centenar en nueve años — nunca han provocado daños humanos, el informe de los técnicos que ensayaron la explosión de una de las bombas incautadas a miembros de la banda es demoledor. En un radio de cinco metros , la onda explosiva causó daños desvastadores. Además, los restos de la detonación aparecieron a una distancia de 500 metros del foco de la deflagración.