La Justicia posa su lupa sobre el exalcalde Bugallo

El desencadenante de esta pregunta, que fue formulada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo el 3 de septiembre de 2013, fue una denuncia contra Bugallo que se encontró, curiosamente, durante un registro en el domicilio de su sucesor, Gerardo Conde Roa .

Hasta el momento, el que fuera durante once años alcalde de Santiago había conseguido mantenerse al margen del torbellino judicial que tiene como epicentro este municipio, a pesar de que uno de sus hombres fuertes, Bernardino Rama , sí fue imputado en la «Pokemon» por tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho.

Otra de las figuras políticas que toca la parte del sumario hecha pública este martes es a la que fue portavoz del ayuntamiento durante el efímero mandato de Conde Roa en Raxoi, Paula Prado, de la que ya se habían filtrado numerosas conversaciones telefónicas pero que no está imputada en esta causa.

Sobre Prado, la magistrada abrió una pieza separada, al hallar en su comportamiento «ciertas irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal». En un auto fechado el 2 de diciembre de 2013, De Lara se dirigió a la Fiscalía para preguntar si debería elevar la pieza al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dado que es diputada autonómica y, por lo tanto, goza del estatus de aforada.

En este auto, De Lara argumenta su decisión basándose en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), en documentación incautada, conversaciones telefónicas interceptadas y declaraciones de varios de los implicados en el caso. En concreto, indica que de los informes del SVA «se infiere» que la exconcejala de Santiago participó en «el pago de una factura inflada» por la representación del espectáculo «La Abeja Maya». Además, la instructora sospecha que Paula Prado pudo haber beneficiado «económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles» a municipios como Santiago y Boqueixón «empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor». Por último, se mencionan supuestas contrataciones a dedo en la Escuela Infantil de Salgueiriños , adjudicada a Sermasa, filial del Grupo Vendex, epicentro de la trama «Pokemon»,

Mientras, el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, pidió calma y señaló que su partido esperará a conocer todo el sumario para «tomar resoluciones, si es que hubiera que tomarlas» sobre su portavoz, Paula Prado. Deseó también, en línea con muchos otros cargos políticos, «celeridad en el procedimiento».

La empresa que comparte con Vendex el dudoso honor de estar en casi todos los documentos de la «Pokemon», Aquagest —en la que se centró su rama bautizada como «Manga»—, podría estar relacionada con la Diputación de Lugo, que gobiernan en coalición BNG y PSdeG y preside el secretario general de estos últimos, José Ramón Gómez Besteiro.

El mismo día que inquirió a Anticorrupción sobre Besteiro, el 3 de septiembre del año pasado, emitió una providencia en la que pide al SVA que investigue todos los contratos o servicios que tenga Aquagest —ahora rebautizada Viaqua— con la Diputación lucense o con otros municipios de la provincia, así como posibles irregularidades en materias como contratación de personal. En concreto, solicita información sobre una mujer, de la que quiere saber si trabaja para la empresa de gestión de servicios de agua y si es hija de algún empleado del organismo que preside Besteiro.

Además, en la parte del sumario de la «Pokemon» hecha pública este martes también se descubre que la juez Pilar de Lara pidió más información sobre los viajes al extranjero de varios de los imputados, entre ellos el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, y el exregidor de Orense, Francisco Rodríguez, ambos socialistas. El primero fue a Dallas y a Boston en 2009 y 2010 y pudo haber ido a China en 2008, mientras que el orensano viajó al Cairo, a Londres y, según sospecha la magistrada, también a Brasil. Según consta en el sumario, pasó cuatro noches en un balneario asturiano de cinco estrellas por 2.000 euros que les cargó a Aquagest y a Asturaqua.

Como es sabido, era práctica habitual entre los directivos de Vendex obsequiar a políticos sin distinción de siglas políticas . Los agentes del SVA encontraron varias listas en las que figuran destinatarios muy diversos y de muchos puntos de Galicia, con el único denominador común de trabajar en municipios que les interesaban a la hora de obtener concesiones.

Entre los agasajados se encuentran el exalcalde orensano, la concejala de Hacienda de Santiago, Cecilia Sierra, el alcalde de Teo y coordinador nacional de AGE, Martiño Noriega (aunque aseguró que había devuelto los presentes), la socialista Marta Álvarez-Santuyano o la nacionalista Socorro García Conde, además del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, uno de los principales imputados de la trama.

Vendex dividía a los receptores de sus regalos en grupos según su importancia. En el A se menciona a personajes tan diversos como López Orozco, el alcalde de La Coruña, Carlos Negreira, o el expresidente de NCG Banco, José María Castellano.