La juez De Lara abre pieza separada sobre Paula Prado en la «operación Pokemon»

De Lara basa su petición sobre Prado , que no está imputada, en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago en los que «aprecia irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal».

Prado compareció como testigo en este caso y su declaración sigue bajo secreto , al igual que las del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, el exconcejal Albino Vázquez y el empresario Leonardo Patterson.

La juez considera, sin perjuicio de la investigación posterior por el órgano competente, que la portavoz del PP gallego pudo haber participado, en su etapa como concejal, en el «pago de una factura inflada» por la representación de un espectáculo para «beneficiar» a un empresario investigado en esta causa por sus relaciones con el Ayuntamiento implicado en adjudicaciones irregulares.

También le atribuye su presunta participación en «influencias», junto con otros dos concejales imputados, Albino Vázquez, ya fuera de la corporación, y Adrián Varela, así como con el entonces jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, «para beneficiar económicamente a su marido» en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos . El auto señala, asimismo, que Prado pudo haber participado en «influencia en la contratación de determinadas personas afiliadas o próximas ideológicamente» .