Desestiman las causas de nulidad del exjefe de Tráfico en la trama de las multas de Lugo

Después de que una docena de abogados se sumasen a las causas de nulidad invocadas por la defensa de Julio González, y de que el fiscal expusiese sus argumentos para ir desmontándolas, una por una, la sala se retiró a deliberar durante unos minutos y tomó la decisión de proseguir con el juicio y rechazar la suspensión del proceso, que comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo.

Un total de veintitrés imputados se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados, dentro del proceso judicial por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, en el que el exsubdelelegado del Gobierno en esta provincia, Jesús Otero, se enfrenta a una petición de pena por parte del ministerio fiscal de siete años de prisión .

El juicio comienzó a las once de la mañana y, en principio, en esta primera jornada de la vista oral, está previsto que presten declaración, entre otros imputados, el alcalde de Muras, Issam Al Nagm, y el ex regidor local de Meira, Antonio de Dios, acusados de tráfico de influencias. Según la programación de la Audiencia Provincial, la vista oral se prolongará durante al menos seis días , de modo que se retomará, también a las once de la mañana, el lunes 26 de mayo, para continuar el 27.

En principio, estaba previsto que la última jornada del juicio fuese el día 28, pero finalmente será el 29, como consecuencia de la reunión de la junta electoral por la celebración de los comicios europeos .

El letrado Alejandro Fernández Pumariño, que lleva la defensa de dos imputados, afirmó que en el caso de sus patrocinados «son unas personas que sin comerlo ni beberlo se han visto metidas en este barullo, originado posiblemente por un defectuoso funcionamiento de la Administración ». En ese sentido, precisó que sus patrocinados «ya habían sido multados en otras ocasiones» y habían pagado sus sanciones, «incluso en ese mismo año 2007».

Por ello, precisó que como las multas que han sentado a sus clientes en el banquillo de los acusados «no llegaron a su destino» , ellos «no las pagaron», pero tampoco «nada hicieron para que no llegasen» y, por lo tanto, «no han cometido ningún delito».

En el escrito de acusación, el ministerio público sostiene que «numerosas personas denunciadas por infracciones» de circulación les hicieron llegar a Jesús Otero y al exjefe provincial de Tráfico, Julio González, «documentación de los expedientes sancionadores en los que estaban incursos» , con la «finalidad de eludir el cumplimiento de las sanciones».

El fiscal considera que ambos, con la colaboración de la responsable de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, retiraron multas o dejaron sin efecto su ejecución «sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes».

El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias , además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

P or delitos de tráfico de influencias , el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo ; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina. También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado.