La Diputación de Lugo se presta para asesorar la «insumisión» a Sogama

La función del ente provincial será la de ofrecer «asesoramiento» a los concellos «insumisos» al nuevo canon, algunos de los cuales —un total de seis este martes, a expensas de que se sume el recibo devuelto por parte del consistorio de Lugo, que también solicitó a la planta de Cerceda la remisión de las dos facturas diferenciadas (una sin la subida y otra con ella)— ya han tomado la iniciativa y remitido de vuelta los recibos pertenecientes a marzo . Y algunos, como el lucense de Becerreá, gobernado por el socialista Manuel Martínez, están a punto de hacer lo mismo con el del mes de abril.

Éste último, que también es portavoz del PSOE en la institución provincial, explicó este miércoles la oferta en cuestión: la Diputación pone a disposición de los municipios que quieran aferrarse a la «insumisión» los servicios jurídicos provinciales con el fin de orientarlos en su desacato. «Aquellos ayuntamientos de la provincia que se pongan en contacto con la Diputación van a ser atendidos y apoyados ante una tasa injustificada», aseguró Martínez, al tiempo que aprovechó la oportunidad para calificar la subida de «irregular y presuntamente ilegal».

Consciente de que la batalla final se librará en los tribunales —a los que, de hecho, espera que le lleve la empresa pública—, tanto el regidor de Becerreá como el resto de sus homólogos se han dotado de un documento jurídico que refleja sus argumentos y que, entienden, les servirá de respaldo si el caso termina en los juzgados. Y ahora, para los municipios que no puedan hacer frente a este asesoramiento con sus propios medios, la Diputación les abre sus puertas de par en par.

No se trata, no obstante, de una medida novedosa, dado que el gabinete jurídico del ente presta sus servicios a «cualquier ayuntamiento» que lo pide para cualquier cuestión, según apuntó ayer a ABC Martínez, que confirmó que el asesoramiento «se ofrece de manera gratuita». En todo caso, no deja de ser llamativo cuando está en juego la violación de una normativa aprobada por el Parlamento autonómico.

La iniciativa puede despertar a otros municipios declarados críticos, pero que aún no han dado el paso adelante. Porque lo que hasta la entrada en vigor de la subida parecía una revuelta municipal conjunta apoyada por 97 ayuntamientos en los que no gobierna el PP, se ha quedado por ahora en una intentona fallida. El alcalde de Becerreá trata de justificar el fracaso aparente en que «los convenios de los concellos no son todos iguales». Y, al hilo, marca su propia hoja de ruta: «A mí no me preocupa lo que hagan otros, me preocupa Becerreá. No hablo con nadie ni me preocupa», zanja.