Los concellos «insumisos» a la subida del canon de Sogama fracasan en su revuelta

Finalmente, la subida —justificada en una caída de ingresos de hasta 14 millones de euros anuales en la planta de Cerceda— quedó reflejada sin cambios en la ley de Presupuestos de 2014, aprobada a finales de 2013 en el Parlamento gallego. Y ésta se aplicó por primera vez en las facturas del pasado mes de marzo. Las mismas que esos 97 ayuntamientos críticos amenazaban con no pagar una vez se aplicase el nuevo canon . Lo aseguraban en cada una de sus concentraciones, declaraciones públicas o manifestaciones a las puertas de la Xunta en San Caetano para exigir una reunión. Pero la realidad ha sobrepasado, al menos hasta este martes, los amagos de «insumisión» de esos municipios.

Según los propios datos de la empresa de tratamiento de residuos facilitados a ABC, a martes 13 de mayo tan solo habían llegado a las instalaciones de Sogama seis recibos, pertenecientes al mes de marzo, devueltos por los concellos de Ordes (La Coruña), Allariz (Orense), Riotorto, Cervantes, A Fonsagrada y Becerreá (los cuatro de Lugo). Seis, del total de 97 que advirtieron que lo harían. A la espera de que retornen nuevas facturas, esos son los números que actualmente maneja la empresa y a los que se sumará en breve, según el relato del alcalde lucense, Xosé López Orozco, el primer recibo sin pagar de un gran ayuntamiento: Lugo .

El regidor confirmó la «insumisión» de su corporación y reclamó a la planta de Cerceda la emisión de la factura «tal y como se venía recibiendo siempre», esto es, sin la subida del canon contemplada en los Presupuestos. «Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que pagábamos siempre y luego discutir. Si es posible, y si no es posible tendríamos que pagarlo», reconoció Orozco, a sabiendas de que esta batalla podría terminar en los juzgados.

Conscientes de ello, pues desde Sogama se insiste en que se recurrirá a la vía judicial ante cualquier impago, los ayuntamientos críticos se guardan las espaldas aportando un informe jurídico que, entienden, avala su argumento. Éste último se asienta en que Sogama, al incrementar el canon, no ha respetado el contrato que mantenía con los concellos, que vincula las actualizaciones de la tarifa al comportamiento del IPC. «Yo no puedo pagar una factura que viene mal porque no se ajusta a lo que tenemos acordado», señalaba ayer a ABC el alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, uno de los primeros en enviar el recibo de marzo de vuelta a la planta. Y siguiendo sus propios pasos, ya avanza que con el de abril hará lo mismo.

El también portavoz de la Diputación de Lugo tiene claro que será la Justicia quien resolverá la contienda. No solo lo augura, sino que quiere que sea así, pues defiende que su tesis es la correcta. «Espero que Sogama me lleve a los juzgados. Estoy convencido de que gano», aunque matiza que si al final «tenemos que pagar, pagaremos».

La contundencia de Martínez contrasta con la templanza que otros alcaldes críticos mantienen hasta el momento. La amenaza de perder en los tribunales o la posibilidad de que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo decida ejecutar una disposición incluida en la ley de Presupuestos —que permite a la Xunta retener las cantidades adeudadas con cargo a las ayudas del Fondo de Cooperación Local— parece que ha frenado el boicot en masa inicial. Ya lo advertía el propio presidente de Sogama, Luis Lamas, en una entrevista con este medio el pasado enero: «No se me ocurre pensar que un concello no pague nuestro servicio». Por ahora van seis del grueso de «insumisos», si bien la lista no está cerrada.