Aduanas atribuye «posible financiación ilegal» al PP y PSOE en Santiago

En todo caso, se celebraron elecciones municipales (en mayo) y generales (en noviembre), pero no comicios autonómicos. A este respecto, en el informe del 13 de febrero de 2013 incluido entre los nuevos tomos abiertos por la juez Pilar de Lara , Vigilancia Aduanera «presume la posible financiación ilegal del Partido Popular en Santiago de Compostela» en la que habrían participado el concejal Adrián Varela Sarandeses, Ángel Espadas (el exasesor del alcalde Gerardo Conde Roa) y José Antonio Barona Couselo (responsable de Setex Aparki en Santiago de Compostela).

Preguntado por esta cuestión en su declaración ante la juez (en junio de 2013), el concejal de Deportes, Adrián Varela, reconoció que «Antonio Ramos», al que identifica como «constructor», puso «dinero» para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido. Sin embargo, en una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas -que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa-, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de «prescindir» de él (por Espadas), le iba a «recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros... gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (a Espadas) sigas ahí, para empezar...».

La juez insistió en sus preguntas al concejal de Deportes si existían otras personas que pudiesen aportar dinero, pero el concejal únicamente se refirió a esa persona.

Los investigadores hacen constar que la conversación entre Espadas y Varela en la que se alude a una supuesta financiación ilegal en el PP de Santiago tiene lugar en un contexto marcado por la «plena crisis» en el partido de gobierno ante el cese inminente de Conde Roa. «Hay una trama y conspiración interna entre los concejales para dirimir el sucesor», certifica el sumario.

También en este escenario, se apunta que el edil de Deportes «fue excluido de una reunión importante» y se muestra «dolido» por ello. Es por ello, se agrega, «que a la afirmación sobre la financiación ilegal del partido se le puede dar una cierta credibilidad y verosimilitud». «De hecho, parece pensar utilizar este argumento para chantajear a Currás con el fin de que Ángel Espadas pueda seguir trabajando con el nuevo equipo de gobierno municipal», concluye.

Por su parte, sobre la «posible financiación ilegal» del PSOE en Santiago, Vigilancia Aduanera señala que habrían participado Antonio Murcia, el propietario de la imprenta con el nombre comercial La Ibérica, José Antonio Sánchez Bugallo (actual diputado y entonces alcalde de la localidad), Bernardino Rama (concejal con Bugallo y en la actualidad e imputado en la Pokémon), Alfonso Luaces (Aquagest), José Luis Míguez (Aquagest), Henry Laíño (exdelegado de Aquagest en Galicia).

En este punto, señala que «serían conocedores de este hecho», según el mismo informe de Vigilancia Aduanera, el exalcalde Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, José María Tutor Lemos (Vendex Santiago), y Alberto Quintana (exgerente de Sermasa). De hecho, según consta en el sumario, Conde Roa y quien era su jefe de gabinete alentaron al empresario Antonio Murcia a ir «a saco a por ellos en el juzgado» con su demanda contra el anterior gobierno municipal del PSOE, puesto que detectaban «un tema de un calado de la leche». «Un tema de financiación irregular», sostiene Espadas en una conversación telefónica intervenida en febrero de 2012.

Sin embargo, en su declaración ante la juez, Bernardino Rama negó que su partido se financiase o pagase de forma ilegal sus campañas electorales de 2007 y 2011 a través de facturas falsas que abonarían posteriormente Aquagest y otras empresas. Asimismo, dijo que creía que todos los trabajos contratados en esas citas electorales con La Ibérica estaban pagados y que estos no superarían los 5.000 euros en ninguna de las citas electorales.