El contrato de familiares de políticos en Aquagest lleva «Pokemon» a Arzúa

En mayo de 2009, el pleno municipal aprobaba la concesión administrativa de la gestión de la piscina climatizada a dicha compañía durante ocho años. El equipo de gobierno en ese periodo, con el nacionalista Xaquín García al frente, propuso que fuese Aquagest la concesionaria que gestionase este servicio.

Todo ello incumpliendo un acuerdo previo y otorgando esta licencia sin concurso público. Después de que la anterior concesionaria, Meteoseyco, rescindiese de mutuo acuerdo el contrato. Desatendiendo, además, los diferentes informes que se manejaron (y que se contradecían entre ellos), valorando únicamente el de la interventora municipal (favorable a Aquagest).

Según manifestaron las mismas fuentes, tras sellarse la alianza administrativa entre Aquagest y el consistorio arzuano, entraron a formar parte de la plantilla de dicha empresa familiares cercanos del personal del Ayuntamiento.

Pilar de Lara Cifuentes, la juez que instruye la «operación Pokemon» solicitaba cierta documentación relativa a los contratos que este ayuntamiento mantiene con la concesionaria. Unos informes que centran las investigaciones del «caso Manga», derivado de la Pokemon.

Todo esto coincide prácticamente en el tiempo con la dimisión de la facción crítica del grupo de gobierno. Dos semanas atrás, la apresurada salida del ejecutivo municipal de dos concejales —el hermano del exalcalde, Ignacio García Couso, y el brazo derecho del mismo, Leonardo Bermúdez Taboada— hizo temblar los cimientos del consistorio.

Era la crónica de una muerte anunciada. Un ruptura que se fragua de los inicios de José Luis García López como regidor, que accedió a la alcaldía en las últimas elecciones municipales, gobernando en minoría y con importantes desavenencias en el seno del BNG local. Según ha podido saber ABC, ambos hechos podrían estar relacionados. La repentina dimisión de García y Bermúdez podría dar respuesta al interés mostrado por la instructora del caso que investiga supuestas irregularidades en la concesión de servicios municipales.

Si bien, por el momento, Vigilancia Aduanera —que en el marco de la «operación Pokemon» actúa como cuerpo judicial— no efectuó ningún registro en el Consistorio de Arzúa, sino que se limitó a entregar el oficio para recabar la documentación requerida en las diligencias de esta investigación.

La dirección del Bloque afirmaba en un comunicado que carecía del «conocimiento exacto de la investigación». Con todo, y «teniendo en cuenta que no se dispone de los detalles concretos de la investigación judicial», el BNG expresa todo su interés en que se esclarezcan los hechos y apela a la máxima colaboración con la justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia».