El juez procesa al número tres de los socialistas valencianos por presunta prevaricación

Así consta en el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el juez, en el que se da un plazo de 10 días al ministerio fiscal y al resto de acusaciones para pedir la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa. Estima que podría haberse cometido un delito de prevaricación.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta el 20 de febrero de 2014 por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torró, en representación del Ayuntamiento.

De las diferentes diligencias practicadas se desprende, tal y como se indica en el auto, que el Ayuntamiento de Gandia, durante los años 2009 y 2010, sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación, concertó a través de Orengo y García diferentes operaciones financieras a pesar de los informes desfavorables tanto del Interventor como del Secretario de la Corporación Municipal.

En concreto, el consistorio contrató cuatro créditos con diferentes entidades bancarias por un total de 18.800.000 euros ; y refinanció otros 32.974.516,39 euros con otro banco.

La Conselleria de Economía denegó la aprobación del Plan de Estabilidad Financiera PEF 2009/2011 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Gandia en sesión de 8 de abril de 2009 ya que no se ajustaba al principio de estabilidad presupuestaria. En concreto, la inestabilidad o necesidad de financiación ascendía a 26,3 millones, y la misma era consecuencia principalmente de la previsión que el mismo contemplaba de un préstamo para inversiones en 2009 que ascendía a 25,6 millones.

Este Plan planteó desde el primer momento una cuestión previa relativa a la existencia de una mercantil dependiente de la entidad municipal denominada IPG cuyos datos económicos financieros no se incorporaron al mencionado PEF.

Esta empresa era entonces titularidad 100 por cien municipal, y en este sentido formaba parte del presupuesto general del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, no fue objeto de consolidación con la entidad local a los efectos de todos los cálculos y ajustes que incluye el plan, de acuerdo con el informe de la Intervención municipal respecto a la estabilidad presupuestaria.

El Ayuntamiento no realizó actuación alguna en orden a la clasificación de la entidad IPG. Por lo tanto, la no aprobación del Plan Económico por parte de la Administración Responsable de la Tutela Financiera se debió fundamentalmente al hecho de que la empresa pública IPG no aparecía consolidada a efectos de estabilidad en la documentación original remitida por la entidad local. Pese a ello, el consistorio concertó una serie de operaciones financieras, por las que el juez ha procesado a Orengo y a García.