El Gobierno no descarta personarse contra el recurso de la Junta por el copago hospitalario

La resolución del 21 de enero de la Secretaría General Técnica, que publica en su edición de hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), está dirigida a todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado por la Junta ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que a finales de enero desestimó la suspensión cautelar del copago hospitalario que pedía el Gobierno autonómico.

El recurso de la Junta señalaba las dificultades para implantar dicha medida en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades. Reconocía “vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar que por este medio se solicita (…) evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación".

El argumento de la administración autonómica era que la aplicación de esa resolución del copago hospitalario iba a generar “distorsiones y desigualdades" en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente.

La Consejería de Sanidad calculó que el número de pacientes afectados en Castilla y León era de 8.453 y la estimación del impacto máximo previsto de la implantación de la aportación en la dispensación ambulatoria en servicios de farmacia hospitalarios de Castilla y León era de 200.000 euros, en torno al 0,07 por ciento del gasto farmacéutico hospitalario.

Por todo ello, la Junta ha anunciado que compensará a los pacientes si se aplica el copago farmacéutico hospitalario, para lo que está estudiando las fórmulas legales que permitan que el coste de los medicamentos no recaiga en los pacientes.