industria

Los empleados de Garoña, «hartos» de los «vaivenes» del Ministerio y Nuclenor

Industria continúa sin revocar la orden de cierre y sin dar explicaciones a un mes de la fecha de cierre

Los empleados de Garoña, «hartos» de los «vaivenes» del Ministerio y Nuclenor ordoñez

mar gonzález

06/06/2013
Actualizado a las 08:55h.

Cuando restan 30 días para que el calendario señale el día previsto desde hace años para que la central nuclear de Garoña cierre sus puertas, los trabajadores están «hastiados, cansados y hartos» de los continuos cambios e informaciones cruzadas entre la empresa propietaria, Nuclenor, ... y el Ministerio de Industria sobre el futuro de la instalación burgalesa. El presidente del comité de empresa, Alberto César González, considera que los empleados «no se merecen lo que están haciendo con ellos» y la «incertidumbre» en la que viven, traducida en la indecisión del Gobierno central a la hora de publicar la orden que revocaría la clausura de la planta al menos durante un año. Aunque incluso fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear -que dio el visto bueno al cambio de fecha hace ya diez días- aseguran que al departamento dirigido por José Manuel Soria se le habría acabado el plazo para publicar el cambio de norma, desde el Ministerio no se han querido dar explicaciones en los últimos dos días a ABC sobre este extremo.

A la espera de que exista o no una salida para que la planta pueda seguir abierta, el comité de empresa ya había iniciado hace meses la negociación con Nuclenor sobre las bajas provocadas por el proceso de cierre de la instalación. González señala que estas conversaciones se suspendieron hace tres semanas, ante la solicitud de Nuclenor de una prórroga de un año sin actividad, lo que modificaría su situación. Sin que el Ministerio ni la propietaria hayan movido ficha, el portavoz de los trabajadores insiste en que «sólo ellos» saben qué está pasando. En su opinión, «todos estos vaivenes no son lógicos» y, aunque no entra a valorar si son «por Garoña, por el mix energético o por todas las nucleares», lo que tiene claro es que «al final son los trabajadores los que lo acabarán pagando».

González realizaba estas declaraciones horas después de conocer que Nuclenor ha presentado en el Ministerio de Industria la documentación oficial asociada al cese de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña fijado para el 6 de julio de 2013. De esta manera, la empresa cumple con los procedimientos administrativos vigentes, pero sigue dejando una puerta abierta a la continuidad. Según se explica a través de un comunicado oficial, «si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen, Nuclenor consideraría la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación».

Nuclenor recuerda que su decisión sobre el cierre de Garoña, parada desde diciembre del pasado año, responde a «motivos exclusivamente económicos», y no técnicos o de seguridad, de modo que «si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen, Nuclenor consideraría la posibilidad de solicitar una renovación. En este sentido, señala que no ha recibido respuesta ni del Ministerio de Hacienda sobre su consulta relativa a los nuevos impuestos ni de Industria sobre la posibilidad de una prórroga de un año sin actividad para la instalación burgalesa. Mientras Nuclenor deja la puerta abierta a la continuidad, se van cumpliendo los requisitos administrativos y de organización enmarcados en el proceso de desmantelamiento fijado por el cierre de Garoña el 6 de julio de este año, tal y como exige la orden ministerial vigente.

«Complicidades»

Al respecto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia , denunció las «complicidades» del Gobierno de España con potentes empresas eléctricas y Nuclenor, propietaria de Garoña y participada por Iberdrola y Endesa. «Se lo están cocinando, pero de forma muy torpe y con errores de bulto», señaló el socialista durante una visita institucional al Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Para Villarrubia, entre los últimos errores se encuentra el de no tener la documentación y las solicitudes oportunas por parte del Gobierno para poder conceder la prórroga acordada con la empresa a espaldas de la Junta -«como espectador pasivo»-, y de los trabajadores y de la zona, informa Ical.

Si la prórroga se realiza y existe negocio, explicó, «es la historia de una comedia; solo que muy mal ejecutada por estas improvisaciones chapuceras con la empresa y las eléctricas» que atribuyó al Partido Popular.