Las prospecciones acaparan el Parlamento canario un día antes del auto del Supremo

Tras conocerse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a las prospecciones en vísperas del Día de Canarias y aún pendiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta vez la secuencia cronológica del Ejecutivo para escenificar su oposición al proyecto exploratorio se ha acortado sustancialmente.

Arrancó el mismo día en que se anunció la DIA, el 29 de mayo, pero con un puente festivo en medio, se materializó desde el lunes día 2, con la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario. 48 horas después, el día 4, ya estaba presentado en el Parlamento y este, a su vez, lo tramitaba en otras 48 horas (con urgencia argumentada o no) para llegar a tiempo al pleno de hoy y, cronológicamente, antes de que el Supremo dictamine.

En la extensa comunicación incorporada al acuerdo se hace un somero repaso a los orígenes del proyecto y recoge cuatro puntos a propuesta del presidente: exigir al Gobierno español que conteste la solicitud de la consulta popular; remitir al Parlamento para que se debata en el pleno la comunicación al respecto y solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para abordarla.

Adicionalmente, a modo de cuarto punto de índole organizativo, pide la habilitación de los «días necesarios» para realizar los trámites que posibiliten esta nueva convocatoria extra y dar curso a la comunicación.

La citada comunicación reconoce que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) se recibieron «distintas propuestas de Repsol para reactivar el expediente », pero se aparcaron hasta contar con el consenso de las instituciones canarias.

Además de anotar los apoyos recibidos por parte de organizaciones ecologistas, de partidos políticos, de comunidades científicas, patronales, sindicatos y de «decenas de miles de ciudadanos que se han manifestado en las calles de las ciudades y pueblos de todas y cada una de nuestras islas», enumera las que considera principales «irregularidades, omisiones y deficiencias» detectadas en el expediente de los permisos que, por otra parte, ven «opaco».