Rivero sube el tono en su discurso contra las prospecciones

La primera de esas «vías» a las que ha aludido Rivero es la consulta popular cuya autorización solicitó en su día el Ejecutivo de la región. El Consejo de Ministros, sin embargo, no dará su permiso, de modo que el Gabinete autonómico prepara ya una alternativa. Aunque el líder de CC ha vuelto a pedir al Gobierno la celebración del referéndum, y que este se haga antes de que se convalide la autorización a Repsol , el nacionalista es consciente de que no existe tal posibilidad, por lo que piensa ahora en la ley de participación ciudadana.

El Parlamento de las Islas aprobó la susodicha ley allá en 2010, cuando CC aún gobernaba junto con el PP. Se da la paradoja de que el PSOE, desde 2011 nuevo socio de Coalición, calificó en su día la norma de «propagandística». Sea como fuere, la ley sigue hoy, cuatro años después, sin el reglamento que desarrolle su contenido, un reglamento cuya redacción sí quiere ahora acelerar el Ejecutivo del Archipiélago, a fin de que sirva de «encaje» para algún tipo de consulta. «Vamos a acelerar estos trabajos para tener un instrumento de participación, de cauce, y como vehículo para escuchar la opinión de la ciudadanía», ha avanzado Rivero.

El dirigente regional, que ha comparecido para la ocasión flanqueado por todos sus consejeros, tal como ya hiciera cuando anunció la solicitud del referéndum, también ha adelantado que la Cámara autonómica celebrará un pleno extraordinario para abordar este asunto y ha insistido sobre la «falta de respeto» y de «lealtad institucional» con que, a su juicio, se ha desenvuelto el gabinete de Mariano Rajoy en este tema. «Es un asunto político, social, que tiene que ver con el futuro de las nuevas generaciones de Canarias y con las relaciones Canarias-Estado», ha afirmado.

Además, Rivero ha amenazado con volver a recurrir a los tribunales, e incluso no ha descartado la posibilidad de la vía penal. Cabe recordar que, cuando menos de momento, los pronunciamientos del Tribunal Supremo no han sido favorables a las tesis de las instituciones de la comunidad (Ejecutivo canario y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura). En cualquier caso, será el próximo martes 10 cuando el Alto Tribunal deliberará acerca de los recursos presentados contra la autorización del Gobierno a la multinacional de origen español.