ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
La Funcatra contrató a dedo todo el personal para una encomienda de Empleo
La fundación vulneró dos leyes y un acuerdo autonómico, avisa la Audiencia de Cuentas
M. Á. MONTERO
La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) contrató a dedo todo el personal necesario para llevar a cabo una encomienda del Servicio Canario de Empleo (SCE). La institución dependiente del Ejecutivo autonómico vulneró así hasta dos leyes básicas y un acuerdo del ... Gobierno regional, tal como pone de manifiesto la Audiencia de Cuentas en su último informe de fiscalización de las fundaciones de las Islas, informe aprobado el 26 de febrero y que abarca el período 2006-2009.
En su trabajo, al que ha tenido acceso ABC, la Audiencia de Cuentas explica que en la investigación pudo constatar que la Funcatra «realiza determinadas contrataciones directas, incumpliendo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad». Este fue el caso del personal para ejecutar un encargo del SCE, empleados que fueron nombrados a dedo a pesar de que un acuerdo del Ejecutivo del Archipiélago avisa que ello solo sería posible en circunstancias excepcionales, esto es, cuando «la naturaleza de la operación» fuese «incompatible» con tales principios. En consecuencia, el ente público, aquí la Funcatra, debía justificar que efectivamente esto era así, que no existía la posibilidad de respetar la publicidad, la igualdad, el mérito y la capacidad sin afectar al objetivo primero: el cumplimiento de la encomienda. En otras palabras, justificar que no había más remedio que contratar de forma directa, una justificación que la Audiencia solicitó, sin éxito, en el curso de la investigación.
De hecho, la Funcatra se limitó en su respuesta a exponer que el encargo del SCE consistía en gestionar «el servicio de coordinación de los proyectos informáticos en materias de formación, emprendeduría [sic] y mejora de la empleabilidad, así como otras actuaciones de modernización de los sistemas de información del SCE». Asimismo puntualizó que en el texto de la encomienda se exhortaba a la fundación a «aportar personal técnico experto y con conocimientos en materias de intermediación, formación para desempleados y continua, gestión de subvenciones en materia de empleo y formación, certificación de gastos de actuaciones cofinanciadas, orientación y otras áreas de fomento del empleo». Sin más ni más, los responsables de la Funcatra no solo entendieron que podían, sino incluso que estaban «obligados» a hacer contrataciones directas o a dedo, y así lo comunicaron a la Audiencia de Cuentas.
El órgano que preside Rafael Díaz Martínez ahonda en los hechos: «La fundación interpreta del tenor literal anterior que se le obliga a seleccionar al personal técnico experto de forma directa, o sea, sin observar los principios de igualdad, mérito y capacidad». El informe agrega, pues, que «no existe justificación documental» que «sustente» la defensa de la Funcatra, que vulneró, además del susodicho acuerdo del Ejecutivo de la región, las leyes de fundaciones y del Estatuto Básico del Empleado Público.
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