La transparencia del Gobierno canario no alcanza al fútbol por televisión

De hecho, el representante del gobierno que preside Paulino Rivero tendrá que pedir permiso a Mediapro , la otra parte contratante, para poder soslayar la cláusula de confidencialidad que el acuerdo incluye a pesar de que este se sufraga con dinero público.

«La transparencia está sujeta al cumplimiento de la ley», advirtió el consejero como respuesta a las preguntas del diputado del Partido Popular (PP) Emilio Moreno, quien replicó que este no es un problema «jurídico», sino «político».

González repitió los argumentos que ya adelantara ABC (la imposibilidad de saltarse esa disposición contractual sin incurrir en una ilegalidad) y Moreno subrayó que el meollo del asunto reside en cómo se permite que un ente público , la Radiotelevisión Canaria (RTVC), «firme un contrato con una cláusula de confidencialidad».

El parlamentario del PP, cuya pregunta iba dirigida al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el socialista Francisco Hernández Spínola (que precisamente trabaja en la elaboración de una ley de transparencia y que cedió la palabra a González), recordó que el dinero con que se pagan las facturas a Mediapro «tiene nombre y apellido, el de todos los canarios».