El PP reformó la Ley de Hidrocarburos para dar voz a Canarias en las prospecciones

Aunque el actual pacto de Gobierno (CC-PSOE) reniegue ahora de sus anteriores posiciones proclives , de forma tácita o expresa, a la investigación de yacimientos de hidrocarburos, lo cierto es que y pese a que el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, haya acusado a «Madrid» de tratar a las Islas «como a una colonia», desde al menos 2002, año en que se hicieron efectivos los permisos, los nacionalistas han estado al tanto de su evolución .

Tan es así que el Partido Popular (PP), con José María Aznar al frente del país, aprobó una «reforma de la Ley de Hidrocarburos para introducir el informe previo de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de concesión de explotación de yacimientos y de almacenamiento subterráneos de hidrocarburos (Disposición Adicional Segunda)».

El cambio legislativo tenía como principal propósito «garantizar la intervención de Canarias en las prospecciones de petróleo realizadas por Repsol en el mar, en la zona adyacente al Archipiélago y en las proximidades también de Marruecos ».

Así lo expone el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), José Suay Rincón, en la obra «Veinte años de autogobierno de Canarias. Un estudio de sus singularidades a partir de una experiencia jurídica individualizada».

No obstante, Suay Rincón al mismo tiempo que remarca el logro, advierte de que no supondrá la participación de Canarias en los beneficios económicos de la explotación de crudo, en caso de hallar pozos. «La garantía del informe previo de la Comunidad Autónoma aspira así a velar por el respeto al medio ambiente, pero en ningún caso proporciona base alguna para exigir el pago de canon de ningún género , porque el único tributo asociado a la indicada actividad es el pagado al Estado».

En este volumen, disponible en la página web de Presidencia del Gobierno autonómico, el fallecido Gumersindo Trujillo Fernández elabora el capítulo dedicado a la consolidación de la autonomía en Canarias, mientras que el togado se encarga de sintetizar, en forma de informes anuales, los principales acontecimientos acaecidos en el Archipiélago entre los años 2001 y 2010.

Es en esta parte del volumen, denominada «Canarias: crónica de la ultima década», donde José Suay Rincón, a la sazón consejero entonces del Consejo Consultivo de Canarias, recuerda que, a pesar de «las garantías ofrecidas por los riesgos medioambientales, el Gobierno de Canarias se mantiene en alerta. Si bien no ha recurrido en vía contencioso-administrativa la decisión adoptada, Real Decreto 1462/2001, publicada el 23 de enero siguiente (sí lo ha hecho el Cabildo de Lanzarote ante el Tribunal Supremo, recurso admitido a trámite), no ha dejado de afirmar sus competencias sobre actividades mineras y extractivas y medioambiente».

En la narración de los hechos significativos de aquel año, relata que «aunque con escasas posibilidades, en efecto, el programa de prospecciones va a proseguir en 2004, ahora con dos nuevas perforaciones. La inversión se considera de alto riesgo y no se cifran sino en un 10% las posibilidades de éxito».

La obra cuenta con una breve introducción del presidente canario elogiando la calidad del trabajo y la labor de sus autores, «que nos han aproximado al conocimiento objetivo y analítico de los acontecimientos relevantes de la política canaria».