La Audiencia de Cuentas confirma que RTVC gastó 264 millones «sin control»

«La vergonzosa situación creada por el director de la Televisión Canaria, Guillermo García, ratificado expresamente en su puesto por Paulino Rivero, ha quedado retratada por el máximo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, que avisa de que el aparato de propaganda del presidente se ha saltado la legalidad vigente y los necesarios controles en su contratación», reprochó la diputada popular.

El informe de la Audiencia de Cuentas analiza un muestreo de 136 contratos del ente público y sus sociedades entre junio de 2007 y junio de 2011, que, para Montelongo, «prueba las denuncias que ha venido realizando el Partido Popular respecto a que RTVC es un chiringuito en el que el dinero público de todos los canarios está en manos de su director, Guillermo «Willy» García, para favorecer a un puñado de empresas a cambio de hundir a gran parte del sector audiovisual de las Islas», señala.

«Ya nadie puede dudar de que la Televisión Canaria es un juguete en manos de Rivero, pues este documento, que tanto PSOE como CC han desautorizado reiteradamente, concluye que, entre 2007 y 2011, la gestión de la actividad contractual se llevó a cabo sin un sistema que permitiera garantizar la objetividad y transparencia en el procedimiento».

En este sentido, Montelongo consideró «muy importante» remarcar que ha sido el PSOE, «que ahora está callado y sin representantes en el Consejo de Administración de la Televisión Canaria, el que solicitó este informe demoledor que ha destapado cuatro años de irregularidades y bochornosa gestión de dinero público, tras el examen de tan solo 136 expedientes, apenas un tercio de la contratación total».

La primera conclusión del informe es que la contratación de RTVC no se ha ajustado, en general, a criterios de eficacia, eficiencia y economía, y avisa de posibles infracciones a la legislación sobre contratos en el sector público, dada la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación, y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia, apunta.

La fiscalización pone el acento, además, en que el Gobierno regional ha priorizado la figura de Guillermo García como administrador único de la entidad, en lugar de asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de contratos del sector público. De hecho, concluyó Águeda Montelongo, el informe recuerda que la contratación de servicios informativos ha sido objeto de recursos contenciosos administrativos, y aprecia posibles irregularidades, e informa de posibles riesgos de carácter legal, «que en sede judicial se están resolviendo repetidamente en contra del Gobierno».