GASTO PÚBLICO
Siete ayuntamientos no rinden datos sobre el control del déficit
Las de Santa Cruz de Tenerife y Telde figuran entre las corporaciones que no han remitido la información. La Audiencia de Cuentas ya ha dado parte al Parlamento
M. Á. MONTERO
Son siete los ayuntamientos del Archipiélago (tres de Tenerife, dos de Gran Canaria y dos de Lanzarote) que han hecho caso omiso de las peticiones de la Audiencia de Cuentas respecto de la fiscalización de las medidas para el control del déficit público que ... se aplicaron en los ejercicios 2010 y 2011. Entre estas siete corporaciones municipales figuran dos del grupo de las que cuentan con los presupuestos más altos: las de Telde y, sobre todo, Santa Cruz de Tenerife , tal como consta en la documentación a la que ha tenido acceso ABC.
Granadilla de Abona, San Juan de la Rambla, Valsequillo, Teguise, Tinajo y los susodichos Telde y la capital tinerfeña son los municipios cuyas entidades locales no han enviado a la Audiencia de Cuentas la información necesaria para que el órgano fiscalizador pueda comprobar qué hicieron en 2010 y 2011 para contribuir a la disminución del déficit. De hecho no remitieron los datos requeridos ni después de que la institución que preside Rafael Díaz Martínez abriese la vía conminatoria. Ello ha motivado que esta última comunique al Parlamento regional tales incumplimientos y que haga lo propio con cada uno de los consistorios.
Fue en mayo de 2010 cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , promulgaba el Real Decreto-ley 8/2010, «por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público». Esta resolución incluía disposiciones dirigidas a los ayuntamientos, con objeto de que estos también contribuyesen a la «consolidación fiscal» y a la «mejora del control de la gestión económica y financiera». En el caso de Canarias, es la Audiencia de Cuentas el ente al que le corresponde determinar si las corporaciones municipales de la región cumplieron o no los preceptos de la ley. Antes, sin embargo, es preciso que estas lleven a cabo su obligación de enviar la información pertinente al órgano fiscalizador, lo que no han hecho aquellas siete. Y de no hacerlo, y en última instancia, esto es, cuando las entidades locales ni siquiera atienden el requerimiento conminatorio, se da parte a la Cámara y a los propios consistorios, que tendrán entonces que comunicarlo a sus respectivos plenos, «a fin de que tomen conocimiento y se proceda a la exigencia de las responsabilidades en que se hubiera incurrido» .
Hay que agregar, eso sí, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará, «en los próximos días» , cumplida respuesta a la Audiencia, según aseguraron este martes a este diario fuentes de toda solvencia. Desde la entidad santacrucera explicaron que, efectivamente, se ha incurrido en esa demora , lo cual achacaron, en parte, al intento de satisfacer todas las exigencias de la institución.
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