El Gobierno canario intenta salir de la crisis sin recortar la Administración

Bajo la denominación de «Plan de Dinamización» o «Pacto Social por la Economía y el Empleo de Canarias», el Ejecutivo autonómico presentó su primera «receta» anticrisis anclada básicamente sobre tres pilares: la rebaja y exención de impuestos , según el caso (y que ahora suben); incentivos a la inversión privada asociados al Régimen Económico y Fiscal del Canarias (REF) vigente entonces, y la racionalización del gasto público, cerrando el grifo el gasto corriente. Ni una sola mención a la supresión de empresas o de entes públicos y organismos autónomos que arrastren pérdidas o que pudieran tenerlas en el futuro próximo.

Al contrario, después de presentado el citado plan, el Gobierno regional confecciona las llamadas «Otras acciones sectoriales al margen del Plan inicial de Dinamización», paquete que incluyó la creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información , adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Consciente de la disminución del crecimiento del consumo de las familias , que ya había caído en 2007, de la reducción de sus niveles de renta disponible, provocada por el «fuerte endeudamiento familiar», y de la situación «crítica» que se avecinaba en 2008, el Gobierno anuncia un «plan de choque» desde un doble punto de partida.

Por una parte, el enfoque «social» que le dio el propio presidente canario, Paulino Rivero. Afirmó entonces que no era «un plan del Gobierno», sino que había sido elaborado «con la sociedad» y, por otra, el reconocimiento de que las acciones y medidas apuntadas había que enmarcarlas dentro del «nulo margen de maniobra para influir en las decisiones nacionales de política económica» y, por tanto, tenía como función «llamar la atención del Gobierno de la Nación sobre las consecuencias de un erróneo análisis de la situación», indicaba el documento desde la perspectiva de Economía y Hacienda.

Las medidas fiscales para incentivar el consumo interno se centraron en devolver impuestos cobrados sobre el gasóleo profesional; rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones y aumentar las deducciones en el IRPF .