Multimillonario pleito internacional por unos vertidos tóxicos en Aragón

El pleito viene de lejos. La Administración aragonesa, desde 1999, lleva intentando legalmente que paguen los responsables del desastre. En 2009 , el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme que condenó a Inquinosa y al directivo que estuvo al frente de esa factoría, Jesús Herboso Pajarrón, a abonar en total a la Comunidad autónoma 6,4 millones de euros. Pero, cinco años después, los condenados siguen sin abonar ese dinero. Fundamentalmente, porque no se da con ellos ni con sus bienes, algo que ha resultado hasta ahora misión imposible en el caso de la antigua Inquinosa, sumida en un enrevesado proceso de movimientos societarios a escala internacional.

Ahora el Gobierno aragonés vuelve a la carga para que paguen esos 6,4 millones, más los intereses por los años de retraso. Entre todos los conceptos que incorpora a la nueva demanda, la reclamación asciende a 20 millones de euros, según las pretensiones del Ejecutivo regional.

En su demanda, reclama al juzgado que se envíe una comisión rogatoria a Rumanía para determinar la presunta vinculación de Inquinosa con una empresa pública del Gobierno rumano. El Ejecutivo aragonés dice tener indicios fiables de que Inquinosa y esa empresa pública rumana se han asociado para crear una compañía que se dedica a la fabricación del pesticida lindano, un peligroso componente que fue prohibido hace años en España y que era precisamente el que se producía en Sabiñánigo, origen de la trifulca legal y medioambiental.

El Ejecutivo regional también reclama al juzgado que tome cartas en el asunto la Oficina Comercial de España en Rumanía, para que aporte detalles sobre esa compañía, y pide que se promueva la colaboración con la policía de varios países para seguir el rastro de propiedades y bienes tanto de Herboso como de Inquinosa en el extranjero.

Igualmente, reclama al juzgado que pida a la Embajada de España en Estados Unidos que recabe información sobre otra empresa, JLM Industries, ya que el Gobierno aragonés apunta a que podría estar comercializando en aquel país el lindano producido en Rumanía.

Durante quince años, entre 1975 y 1989, la factoría de Sabiñánigo fabricó miles de toneladas de este pesticida altamente tóxico, por entonces aún permitido en España. En 1989, esa planta dejó de producir lindano, pero dejó un reguero de residuos de elevadísima toxicidad que tardarán décadas en ser eliminados. Durante década y media fue realizando vertidos ilegales. La zona se está tratando desde hace décadas para ser descontaminada. Se han gastado ya más de 40 millones de euros de fondos públicos en unos trabajos que se hacen eternos. En 2009, un informe de las autoridades medioambientales autonómicas calculaba que harían falta más de 100 millones de euros para descontaminar totalmente los terrenos, y que los trabajos durarán hasta, al menos, el año 2040.

En 1999, el Ejecutivo regional interpuso una demanda contra Inquinosa. En 2003, un juzgado de Huesca condenó a la compañía y al que fue su máximo responsable en Sabiñánigo, Jesús Herboso. Inquinosa recurrió, pero la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial oscense, y en 2009 por el Tribunal Supremo. Pero ni Herboso ni Inquinosa han pagado.