El juez ve indicios de malversación en los «enchufes» de Benidorm

El auto fue notificado al procurador de Navarro el pasado 24 de marzo, casi al mismo tiempo que el juzgado accedía a su petición de posponer su declaración como imputado –la segunda, pues ya compareció en marzo de 2014– para evitar que se «utilizara políticamente», tal como argumentó su abogado. Es decir, el alcalde de Benidorm sabía cuando se presentó la lista que él mismo encabezaba que su imputación no era una «cuestión administrativa», tal como insistía una y otra vez cuando salía el tema.

Cabe recordar que Navarro fue «ungido» como candidato a la Alcaldía sin necesidad de primarias en junio de 2014, un año antes de las elecciones. El encargado de escenificar el apoyo de Blanquerías al munícipe benidormense fue otro imputado, el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo. El exalcalde de Gandía, que no ha formado parte de ninguna lista –aunque sigue teniendo peso en la negociación postelectoral con Compromís–, también está imputado a su vez en varias causas, tal como ha venido contando este periódico.

La imputación de Navarro por «prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias», según reza el citado auto, parte de una denuncia presentada a finales de 2013 por la Fiscalía de Benidorm, que apreció indicios de los tres delitos en la contratación o mejora de condiciones –sin mediar concurso– de hasta 43 funcionarios o empleados eventuales del Ayuntamiento, con vínculos políticos o personales con los concejales del PSOE o dirigentes del partido en la comarca, así como con los dos sindicatos de clase. La mayor parte de los casos denunciados fueron desvelados con profusión de datos por este periódico entre 2010 y 2011.

El fiscal presentó la denuncia tras analizar la abundante documentación aportada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Benidorm, que ha sido especialmente crítico con la política de recursos humanos del alcalde. A pesar de que fue el fiscal quien denunció a Navarro, el socialista –que hasta el próximo 13 de junio es todavía el principal referente municipal del PSPV en la Comunidad, y preside su consejo de alcaldes– siempre se escudó en que era una «denuncia política» para justificar su inclusión en las listas, en contra de lo que exigía su propio partido al PPCV.

Navarro pactó con el secretario general del PSPV, Ximo Puig, presentarse una vez más como alcaldable y luego, fuera cual fuese el resultado, «retirarse» en el Senado. No obstante, tras la derrota –el PSOE ha pasado de 11 a 7 concejales, y el PP se ha convertido en el más votado–, trata ahora de convertirse en el diputado provincial que les corresponde a los socialistas por la comarca de la Marina Baja, tal como desveló ayer ABC . Quizá, incluso, en portavoz de su grupo en la institución.

La elección de diputados, a principios de julio, se producirá con posterioridad a su declaración ante el juez, el próximo 18 de junio, con lo que el devenir de esa comparecencia puede marcar su futuro político. El mismo día están citadas como testigos su concejal de Personal, Natalia Guijarro –que se quedó fuera de la lista– y su exsocia de gobierno Gema Amor, de nuevo concejal electa con los Liberales. Amor ha sido citada por el sindicato para que explique unas declaraciones relativas a la «compra de votos» por parte del PSOE a través de los «enchufes», que hizo desde la oposición.