Las reelecciones indefinidas acaban mal y El Salvador no será una excepción

Los hechos muestran que democracia y reelección indefinida son incompatibles en sistemas presidencialistas (en realidad, hiperpresidencialistas) como los latinoamericanos. No es que la autocracia sea la consecuencia indeseada de la perpetuación en el poder del presidente, sino que el propio cambio de la Constitución o de la legislación respectiva para permitir ese atrincheramiento en el cargo obedece a los instintos autocráticos del líder que los impulsa.

Hace dos semanas, la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido deNayib Bukele, aprobó reformar la Constitución para permitir que un presidente pueda repetir como candidato indefinidamente. El texto constitucional prohibía originalmente la reelección presidencial consecutiva, pero ya Bukele, en el poder desde 2019, se acogió a una discutida reinterpretación de la norma para poder ser reelegido en 2024. Como ahora una sola reelección ya no le basta, se acaba de preparar el amparo jurídico para seguir mandando. Y con el fin de aprovechar la coyuntura de gran popularidad que le ha supuesto la drástica reducción de los homicidios en el país, las próximas presidenciales se adelantarán a 2027 (correspondían en 2029) para coincidir desde entonces con las municipales y las legislativas, todo en ello en nuevos periodos de seis años (hasta ahora los mandatos presidenciales eran de cinco).

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Así que desde 2027, un reelegido Bukele tendrá hasta 2033 para actuar sin que los ciudadanos pueden expresar en las urnas, a ningún nivel, un posible aumento del descontento; cuando en 2033 haya elecciones a Bukele, presumiblemente con una popularidad algo desgastada, le bastará ganar con un apoyo inferior al 50% de los votos, pues en la presente reforma se elimina tanto esa barrera como la doble vuelta que normalmente servía para superarla.

Con ello Bukele sigue el manual de los autócratas del siglo XXI en la región. Así sucedió con Chávez, que hizo reformar la Constitución dos veces: primero para permitir la reelección consecutiva y poder estar dos mandatos seguidos, y luego, una vez cubierto ese tiempo, para que poder continuar presentándose a las elecciones cuantas veces quisiera; cuando se llega a ese estadio se ha tomado tal control de las instituciones que las elecciones se ganan por el fraude ejercido desde el poder. Un proceso similar es el que ejecutóEvo Morales en Bolivia, solo que en su caso se interpuso el Ejército y pudo darse marcha atrás. También Rafael Correa comenzó a seguir en Ecuador el mismo camino, pero la fuerza de la oposición le impidió atreverse a presentarse a una reelección fuera de cuentas. Daniel Ortega en Nicaragua se ha adueñado del país sin preocuparse siquiera de cambiar la Constitución, ahora modificada para amparar la tiranía de su esposa.

Por otra parte, los estudios políticos indican que los países latinoamericanos con mayor calidad democrática e institucional son justamente países que limitan la reelección. Todos los índices de democracia han venido situando en primer lugar a Uruguay, Chile y Costa Rica (por ese u otro orden, según los años). Curiosamente los tres cuentan con un sistema de reelección diferida: cumplido su mandato, el presidente debe dejar el poder; si quisiera presentarse de nuevo a las elecciones tiene que hacerlo después de un periodo fuera del cargo. Este sistema intenta aunar las ventajas de una presidencia limitada con la posibilidad de alargar los liderazgos personales.

Sin entrar ahora en un considerar las virtudes de esas distintas opciones –la no repetición de mandatos, la reelección solo para un segundo mandato consecutivo o la reelección diferida–, podemos afirmar que la reelección indefinida es un caso aparte, claramente contrario al buen gobierno. El caso de Nicaragua y Venezuela muestra que las reelecciones indefinidas acaban mal, y El Salvador, mientras Bukele siga en el poder, no será una excepción.