¿Por qué los porcentajes de la OTAN empiezan a ser irrelevantes?
Trump, en su alarde de monetarizar la Casa Blanca, ha convertido el porcentaje de inversión en defensa en un tributo arbitrario
Al final, la banda del Tesla ha podido cantar victoria y la del Peugeot, también. La cumbre anual de la OTAN en La Haya ha terminado cediendo ante la exigencia del presidente Trump para que sus aliados aumenten la inversión en defensa del 2% ... al 5% del PIB. Con la eliminación de un pronombre indefinido, se ha conseguido salvar la apariencia de unanimidad. La declaración publicada tras la cita en La Haya afirma que «los aliados» –y no «todos los aliados» – asumen el nuevo objetivo de gasto.
Esto es lo que pasa cuando se mezcla a gran escala corrupción y poder político. Trump, en su alarde de monetarizar la Casa Blanca, ha convertido el porcentaje de inversión en defensa en un tributo arbitrario, fiscalmente imposible pero con un potencial extremadamente lucrativo para las empresas de EE.UU. Todo perfecto para un oportunista amoral que cree que la OTAN es como los Soprano –se paga a cambio de protección–, que no tiene la más remota idea del principio de seguridad colectiva, y que está mucho más alineado con el Kremlin que con Ucrania.
Al oponerse al 5%, Pedro Sánchez tiene razón. Gracias a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, sabemos que en nuestro país cuando se gasta mucho dinero de los contribuyentes, sobre todo de manera repentina, no se obtienen los mejores resultados. Por su disidencia, o intento de tapar a la banda del Peugeot con la del Tesla, España ha pagado un alto precio al convertirse en el nuevo villano insolidario de la Alianza.
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El gran problema de partida para España es que tiene un gobierno que no se toma en serio la seguridad y defensa como demuestran las barquitas de la Guardia Civil contra las narcolanchas; que jalea el expansionismo territorial de Marruecos; que se demora 72 horas en desplegar a los militares en Valencia; y que saca de la cárcel a un terrorista yihadista, condenado a 43 años, para llevarlo al Congreso con el fin de responsabilizar al Estado del atentado de Las Ramblas.
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