Hong Kong impone hasta 10 años de cárcel a 45 opositores prodemocracia

En enero de 2021, 'Los 47 de Hong Kong' fueron arrestados en una redada simultánea por su involucración en las elecciones primarias del año anterior, interpretadas por la Ley de Seguridad Nacional impuesta desde China como una «conspiración para subvertir el poder estatal». El juicio comenzó en febrero de 2023 y concluyó el pasado mes de mayo. 31 de los acusados se declararon «culpables» de antemano, mientras que 16 decidieron disputar los cargos, 2 de los cuales obtuvieron la absolución.

Benny Tai, profesor de Derecho y cofundador del movimiento 'Occupy Central' que en 2014 impulsó la Revolución de los Paraguas, ha recibido la pena más severa: quince años de cárcel reducidos a diez por su «confesión», pues la sentencia emitida por el Alto Tribunal le señala como el «iniciador», «organizador» y «cerebro» del movimiento. Entre los convictos está también Joshua Wong, castigado a cuatro años y ocho meses de cárcel. El resto –destacados nombres como Claudia Mo, Eddie Chu, Jimmy Sham, Gwyneth Ho o 'Pelo Largo' Leung Kwok-hung– han recibido condenas que van desde cuatro años y dos meses hasta siete años y nueve meses.

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«La sentencia dictada hoy [...] por un tribunal convertido en arma supone un ataque a la esencia de Hong Kong: una que anhela libertad, democracia y el derecho a la expresión política. Condenamos al Gobierno de Hong Kong por lanzar una ofensiva total –una suma de 2.936 meses entre rejas para 45 candidatos– contra décadas de progreso prodemocracia», ha denunciado Anna Kwok, directora ejecutiva del Hong Kong Democratic Council, mediante un comunicado oficial. «Se trata de una demostración hostil de represión resuelta contra aquellos hongkoneses que se atreven a ponerse en pie y alzar la voz por sus derechos. 45 personas cargan con las consecuencias de la sentencia, pero el tribunal ha decidido qué quiere hacer con el futuro de Hong Kong».

Dichas primarias, organizadas en julio de 2020 de cara a las elecciones al Consejo Legislativo, suponen el punto de giro en la historia moderna de Hong Kong. Estos comicios llegaron precedidos por las masivas protestas antigubernamentales del verano de 2019 y el abrumador resultado de las elecciones municipales precedentes. Los demócratas, impulsados por una participación récord, pasaron de ostentar 124 concejalías a 388 –del 27 al 82%–, frente al desplome del bando prochino.

El plan de la oposición consistía en presentar una lista unitaria para maximizar sus perspectivas en las urnas. Pese a los obstáculos de un sistema solo en parte representativo, la profunda movilización social les colocaba por primera vez ante la posibilidad de lograr una mayoría parlamentaria, lo que hubiera permitido bloquear la acción gubernamental y dotar de prolongación institucional a las protestas para impulsar una reforma prodemocracia.

El Ejecutivo local intervino de inmediato. Primero, postergando las elecciones con la pandemia como excusa. Después, aprobando una nueva ley electoral que redujo la cantidad de escaños elegidos por sufragio directo, haciendo matemáticamente imposible que las fuerzas prodemocracia lograran una mayoría parlamentaria, y estableciendo el requisito de que solo «verdaderos patriotas» pudieran desempeñar puestos de responsabilidad política.

China ya había comenzado a finiquitar los derechos y libertades del territorio un mes antes, con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional. Este marco jurídico castiga con hasta cadena perpetua «el separatismo, el terrorismo, la subversión de los poderes del Estado y la confabulación con fuerzas extranjeras» y ha sido empleado por las autoridades locales para silenciar a oposición, medios de comunicación y sociedad civil. El gigante asiático vulneraba de este modo la Ley Básica y los acuerdos internacionales para la devolución de soberanía, según los cuales se comprometía a respetar la pseudodemocracia imperante en Hong Kong durante al menos medio siglo.

«Hoy instamos al mundo a solidarizarse con Hong Kong. La comunidad internacional debe responder a la creciente represión política con acciones proporcionadas», ha incidido Kwok. Múltiples países, en efecto, han secundado las protestas de la comunidad civil en el exilio, empezando por Estados Unidos. «Los acusados han sido sometidos a un proceso de motivaciones políticas y encarcelados simplemente por participar de manera pacífica en actividades políticas protegidas por la Ley Básica de Hong Kong», afirmaba al término del juicio Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado, llamando a la «liberación inmediata de estos individuos detenidos de manera injusta».