La cumbre de la Haya evidencia una floja aportación española a la OTAN

Este tiene fuertes implicaciones políticas, militares y económicas comunes a todos los aliados, pero son especialmente trascendentes para España. No solo por la suma debilidad del Gobierno, sino también porque la mayor oposición a tal gasto proviene, precisamente, de sus coaligados y socios. Debemos pues prepararnos para oír aquel «OTAN no, bases fuera», voceado incluso desde esferas gubernamentales.

Según la estadística de la propia OTAN, España, con un gasto en defensa del 1,28% del PIB, venía exhibiendo el dudoso honor de ser el furgón de cola del tren aliado, mientras que la cifra del 2% era el mínimo acordado por los aliados en Cardiff (2014). En este punto, no me resisto a la tentación de recordar el curioso hecho, poco conocido, de que nuestro país fuera pionero, en el seno aliado, en propugnar el incremento del gasto de defensa hasta ese 2%. Tal cifra se establecía en la Directiva de Defensa Nacional 1/1992, firmada por el presidente del Gobierno Felipe González. Resulta llamativo que fuera el propio ministro de defensa del momento, Julián García Vargas, quien desactivara la carga de proyección del documento, declarando apocada y públicamente que tal cifra era «meramente tendencial».

El gasto de defensa ha sido un argumento muy teatralizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos días. Él, la semana pasada, escribía al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazando la cifra del 5% del PIB (3,5% para gastos militares «puros» y el restante 1,5% para inversiones en seguridad). Epístola contestada por Rutte en términos diplomáticos ambiguos -perdón por la redundancia-, mencionando la palabra «flexibilidad».

Algo inmediatamente aprovechado por Sánchez, catedrático del trile, para, el domingo por la tarde, aparecer en la pequeña pantalla poniéndose la medalla de haber torcido el brazo a la OTAN (y, por tanto, a Trump que está detrás de las cifras), al haber logrado una exclusión para España en el gasto de defensa. En la mañana del lunes, seguramente después de un «intercambio de opiniones» con Washington, Rutte, personificación ejemplar del popular refrán de su tierra «zoals de wind waait, waait zijn jasje» (según sopla el viento ondea su chaqueta), desmentía a Sánchez, negando que la OTAN hubiera concedido a España cláusula de exclusión alguna. Por el contrario, afirmaba que España tendrá que gastar en defensa el 3,5% del PIB, y no solo el 2,1% del que presumía Sánchez (ni más ni menos», había fanfarroneado).

El porcentaje del PIB no es una cifra mágica, pero es una referencia igualitaria del grado de esfuerzo, seriedad, fiabilidad y compromiso de cada aliado con la defensa común. Es lo que, comparativamente, mejor revela la aportación económica española al conjunto. Por ello, y sin entrar, al menos de momento, en la sutil infiltración del pensamiento sanchista (de Alternativas) en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), Sánchez y su ministra de defensa, Margarita Robles, intentan jugar con los objetivos de capacidades, despreciando así aquella cifra.

La ministra, y otros terminales, magnifican la capacidad española de proyección de fuerzas en base a las múltiples misiones internacionales en las que nuestras fuerzas armadas participan, que no son pocas. Pero ella obvia que del alrededor de 125.000 efectivos de las Fuerzas Armadas españolas, solo se despliegan simultáneamente 3.000-4.000 en aquellas misiones. Es decir, solamente entre 3,2% y 2,4% de los efectivos totales. Tampoco menciona que las tropas desplegadas necesitan ser dotadas de capacidades sustraídas a las unidades que quedan en territorio nacional. Lo más cierto, es que, a pesar de los incrementos del gasto voceados desde el Gobierno para 2025, de tales aumentos no ha llegado a las unidades ni el olor. Por ello, por mucho que repitan que «somos un aliado serio, fiable y comprometido», eso, desafortunadamente no pasa de ser una monserga margariteña.