El régimen cubano continúa con las detenciones y la represión tras la manifestación de los artistas del 27-N

Esta ola de protestas ciudadanas habría comenzado el pasado 27 de noviembre cuando centenares de artistas, escritores e intelectuales se congregaron frente a la sede del Ministerio de Cultura en solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro , quienes protagonizaron durante diez días una huelga de hambre para exigir la liberación de Denis Solís González , uno de sus miembros.

De esta acción surgió una convocatoria ciudadana para manifestarse pacíficamente en los principales parques de las ciudades de la isla para exigir un conjunto de demandas, principalmente el respeto a las libertades de expresión, de prensa y asociación. Manifestaciones que fueron reprimidas con violencia, según reportes de la prensa independiente provincias como Isla de la Juventud, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey.

«Cuando el Gobierno apela al artículo 4 de la constitución evidencia su disposición de emplear la violencia y el uso de las armas que, por consiguiente, podría provocar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Sin embargo, a su vez rompe el hilo constitucional al obviar los Artículos 54 y 56 de la Carta Magna», recalcó Mora.

El artículo 4 de la Carta Magna expresa entre sus líneas que, «la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones» y otorga a los ciudadanos «el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada».

Pero el propio régimen ha irrespetado el hilo constitucional cuando no menciona que el artículo 54 afirma que, «el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Por su parte, el artículo 56 reconoce «los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos».

Varios de los catorce huelguistas que se atrincheraron en la sede del Movimiento San Isidro, han sido arrestados en las últimas 48 horas. Otros permanecen sitiados por activos policiales en sus domicilios con prohibición de salir a las calles, mientras que al menos una docena de los treinta artistas, que participaron en las negociaciones con funcionarios del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, han sido amenazados y hostigados por oficiales de la Seguridad del Estado , e igualmente se encuentran bajo estrecha vigilancia policial.

Por su parte, el régimen ha estado convocando a estudiantes y trabajadores a actos de repudio -que cataloga de «espontáneos» o de «apoyo al socialismo y la revolución»- contra los ciudadanos que se suman a las protestas pacíficas, y a quienes presenta, en los medios de prensa bajo el control del Partido Comunista, como terroristas y mercenarios al servicio de las «agendas anticubanas en el exilio» .

No pocos observadores han señalado que las autoridades del régimen empujan a sus disidentes a una grave situación de riesgo, en tanto el Código Penal vigente cubano contempla en el Título I -Delitos Contra la Seguridad del Estado- largas condenas de cárcel y hasta la pena de muerte, a delitos como el Terrorismo [Artículo 106] y otros relacionados con acciones mercenarias.

Otros observadores coincidieron en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene la obligación de revisar las actuales acciones del régimen cubano, que ha violado los compromisos que implica la membresía de este Consejo.