Protestas en Túnez contra la «emergente dictadura» del presidente Kais Saied

El partido indicó el pasado miércoles en un comunicado publicado en Facebook que «la dictadura emergente ha estado perpetuando el monopolio del poder y la autoridad y busca acabar con una justicia libre y monopolizar los símbolos del Estado».

Asimismo, acusó a las autoridades de «ignorar las prioridades de los ciudadanos», entre ellos el aumento de los precios y el aumento del desempleo, antes de ensalzar «la sangre de los mártires» en la revolución que derrocó en 2011 el régimen del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí .

Por otra parte, criticó la «explotación política» de la pandemia de coronavirus después de que el Gobierno haya impuesto un toque de queda nocturno a pocos días del undécimo aniversario de la huida de Ben Alí del país.

Ennahda señaló que «es evidente en las últimas decisiones del Gobierno al excluir muchas zonas y espacios para reuniones» y agregó que el objetivo del Gobierno es «limitar las manifestaciones en todos sus tipos, en un acto contra los movimientos frente al golpe del régimen».

«Ennahda pide a todos los que pretendan participar en las manifestaciones del 14 de enero que se ciñan a los protocolos sanitarios y que respeten las condiciones para garantizar la seguridad (de los presentes en las movilizaciones», remachó el partido islamista moderado.

Saied ha sido muy criticado por sus medidas excepcionales, especialmente por parte de Ennahda, que se impuso en las últimas elecciones y contaba con la mayoría en el Parlamento. Así, la formación ha acusado al mandatario de dar un «golpe de Estado».

El mandatario anunció el 13 de diciembre una prórroga de la suspensión del Parlamento hasta que se celebren elecciones, que convocó para el 17 de diciembre de 2022, en el marco de un proceso que incluirá un referéndum constitucional el 25 de julio del año que viene.

La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado, si bien Saied afirmó recientemente que dicha Carta Magna «no tiene legitimidad», lo que ha sido criticado por varios partidos.