Argentina admite que no puede afrontar el próximo pago de la deuda

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía detalla que la resolución, dictada por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, "imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".

Esta medida, que hace efectivo el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado martes, "empuja a Argentina al default -suspensión de pagos-", tal y como ya advirtió el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, que ha denunciado que "quieren tirar abajo la reestructuración de la deudaargentina".

"Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos que deja sin efecto la suspensión ('stay') de las medidas cautelares 'pari passu' dictadas por Griesa, en el marco de la sentencia en favor de los 'fondos buitre'", apunta la nota del Ministerio.

Este texto se ha dado a conocer horas después de que representantes argentinos y de los fondos buitre se hayan reunido en Nueva York. Sin embargo, el Gobierno argentino insiste en que este anuncio "muestra la inexistencia de voluntad de negociación" y advierte de que "imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda" contraída por Argentina.

El Ministerio de Economía explica que Argentina no podrá pagar los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados "a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los 'fondos buitre'", una cifra que según cálculos del propio Ministerio ascendería a unos 15.000 millones.

El juez Thomas Griesa, que fue quien dictó el fallo que condena a Argentina a pagar a los 'fondos buitre' y que preside los encuentros entre ambos bandos, considera una "ofensa" las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y advierte de que suponen "un problema" para una posible negociación.

Fernández de Kirchner fue la primera en reaccionar a la decisión del Tribunal estadounidense, que tachó de "extorsión". "Argentina tiene voluntad de negociación, pero lo que no tiene es por qué ser sometida a semejante extorsión", sentenció la mandataria en un mensaje emitido a través de la cadena nacional de televisión.

"Realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina", ha apuntado Griesa sobre las declaraciones de la presidenta, además de insistir en que pueden suponer "un problema" para lograr un acuerdo con los 'holdouts' que evite una situación de 'default'.

Con su decisión, el Supremo estadounidense refuerza la validez del dictamen de un tribunal inferior por el que se prohibía a Argentina realizar cualquier pago de su deuda reestructurada si no se abonaban también las cantidades adeudadas a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje propuesto en 2001.

En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.

"Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su sentencia de noviembre de 2012.

Argentina incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda por importe de 95.000 millones de dólares (69.853 millones de euros). Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010. Argentina logró con estas propuestas acuerdos que cubrían el 92% de su deuda.

No obstante, algunos inversores, incluyendo NML Capital, rechazaron ese acuerdo y exigieron al país austral el pago íntegro de la deuda, tras lo que fueron llamados "buitres" por las autoridades argentinas, ya que estos fondos habían comprado los bonos con descuento ante la posibilidad de impago del país.