EE.UU. sancionará a funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos

La propuesta, encabezada por la legisladora republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, prohibiría la entrada a territorio estadounidense de personas supuestamente relacionadas con actos de represión durante las manifestaciones estudiantiles, y congelaría sus activos en Estados Unidos. «Estamos aquí para condenar los abusos contra los derechos humanos que se están produciendo en Venezuela y terminar la crisis de su pueblo», dijo la legisladora ante sus colegas.

Antes de la aprobación a viva voz, que no requiere de recuento, el debate sobre el texto legislativo contó también con el apoyo del demócrata Joaquín Castro, así como de otros tres republicanos, además de Ros-Lehtinen. «Los ojos de este Congreso y la comunidad internacional están sobre Venezuela viendo cómo el presidente, Nicolás Maduro, y sus fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes pacíficos. Es una tragedia absoluta que 42 personas hayan muerto en las protestas en todo el país (...) y también me preocupa que el líder opositor Leopoldo López siga en la cárcel por cargos», alegó Castro.

El joven congresista aplaudió la condena de los actos violentos por parte del presidente Barack Obama y del secretario de Estado, John Kerry, pero consideró que esta ley ayudará «a que el Gobierno de Venezuela entienda que Estados Unidos está atento a lo que ocurre y que hará todo lo posible para que algo así no se repita».

Por su parte, el demócrata Gregory Meeks, el único en oponerse a la propuesta, dijo que «las medidas unilaterales de Estados Unidos no son la respuesta». «La cámara baja no debería tomar decisiones basadas en emociones, sino de manera responsable», objetó.

El Senado cuenta con su propio proyecto de ley al respecto, liderado por el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, el cual ya obtuvo el beneplácito del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, y tiene que ser sometido al pleno. En caso de que el texto de los senadores también sea aprobado, deberá ser armonizado con la propuesta de la Cámara de Representantes, y si se llega a un texto único sólo necesitaría la firma del presidente Obama para entrar en vigor.

Sin embargo, la Administración se ha mostrado reticente a inmiscuirse en la solución de la crisis venezolana, sobre todo desde que la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se ofreciera a mediar en el diálogo entre Gobierno y oposición. A este respecto, Ros-Lehtinen aseguró que «las llamadas discusiones» entre ambas partes no han supuesto «ningún resultado, ninguna acción, ninguna concesión y los inocentes continúan en prisión».

Venezuela vive protestas contra el Gobierno desde hace más de tres meses que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos de heridos y centenares de encausados. Asimismo, el Ejecutivo de Maduro ha denunciado desde el pasado año y de manera reiterada planes de magnicidio y de intento de golpe de Estado en Venezuela en los que ha involucrado a Estados Unidos y al ex presidente colombiano Álvaro Uribe.