Este es el Plan que ha preparado el Gobierno para apoyar a las familias
El documento, al que ha tenido acceso ABC, no contiene medidas de acción concretas
m. j. pérez-barco
Ni una sola medida de acción concreta aparece en el borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia, que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y al que ha tenido acceso ABC. Más bien, a lo largo de 17 páginas, el ... Gobierno expone lo que se puede considerar una declaración de buenas intenciones en favor de la familia. Entre ellas: apoyar económicamente a las familias que se encuentran en situación de pobreza; atender de forma prioritaria a aquellas con necesidades especiales (numerosas, monoparentales, con personas con discapacidad...) y prestar atención especial a las que se encuentran «en situaciones de conflicto», buscando como objetivo «evitar la ruptura familiar».
Como propósitos también figuran: alcanzar una verdadera conciliación familiar y laboral; revalorarizar el papel de la paternidad y favorecer la corresponsabilidad en la crianza de los hijos; apoyar la maternidad, protegiendo al no nacido durante su crecimiento y desarrollo; facilitar a los jóvenes un entorno para crear una nueva familia; eliminar las posibles discriminaciones existentes en la fiscalidad para las familias; incorporar «la perspectiva de familia» en todas las políticas y programas que lleve a cabo el Ejecutivo... Aparte de estas buenas aspiraciones, el documento no recoge ni cómo ni qué se va a hacer para lograr todas esas metas.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad han declarado a ABC que estos objetivos son un «esquema» de un plan mucho más extenso «en el que se está trabajando» y en el que «sí figuran muchas medidas concretas de apoyo a la familia». Las mismas fuentes han explicado que se ha hecho llegar este borrador («esquema») de estrategias y objetivos a asociaciones y entidades del sector para su consulta y lograr así «el mayor consenso posible».
El Plan Integral de Apoyo a la Familia, anunciado por la ministra de Sanidad Ana Mato en 2012 y en el que ha trabajado durante un año una comisión interministerial de técnicos, tampoco cuenta con una memoria económica. Eso sí, reconoce el papel de la familia como «amortiguador social», especialmente en estos momentos de crisis, y pretende «ayudar a construir una sociedad más amable con la familia».
Reivindicaciones históricas
Sin embargo, de las históricas reivindicaciones que reclaman las asociaciones de familia desde hace años, ni mención. Si bien estas entidades reconocen que un Plan de estas características es un documento marco que indica las estrategias y objetivos a seguir en los próximos años en política de familia, sí que echan en falta medidas más concretas de apoyo a las familias.
Las asociaciones de familias reclaman una prestación universal por hijo a cargoDe hecho, el Plan nada dice sobre actualizar las pocas ayudas económicas que perciben las familias, ni convertirlas en universales para que lleguen a más hogares (eliminando los límites de renta a las que están sujetas) ni crear otras nuevas. Por ejemplo, el documento no hace referencia a la prestación por hijo a cargo (24,25 euros al mes) que lleva catorce años congelada y se concede a niveles de renta muy bajos (11.519,16 euros al año), de tal forma que muy pocas familias la reciben. Por eso, las asociaciones reclaman una prestación por hijo a cargo universal, para todas las familias, ganen lo que ganen, similar a la media europea: cien euros al mes.
Tampoco recoge otras demandas para favorecer la natalidad: ni ampliar el permiso de paternidad de los 15 días actuales a un mes, ni el de maternidad... Ni hace mención sobre la creación de un Ministerio de la Familia, ni una ley de familia. Ni sobre aumentar las exenciones fiscales para las familias con hijos ni otro tipo de deducciones... Ni concreta qué medidas se van a aprobar para que los padres puedan conciliar, un asunto que, además, ocupa todo un apartado específico del Plan. La idea del Gobierno es «eliminar los obstáculos que se encuentran las familias y que les dificultan o impiden lograr la conciliacion de su vida familiar, laboral y personal, fomentando, apoyando y promoviendo actuaciones, públicas y privadas, que contribuyan a hacer efectiva dicha conciliación».
Aún así, el Plan estratégico en favor de la familia no es definitivo. El Ministerio lo ha pasado a consulta a diversas entidades para que realicen sus alegaciones, que podrán o no ser incorporadas al documento.
Valoraciones positivas
Aunque a falta de concreción, no faltan las valoraciones positivas. Las asociaciones de familia consideran un avance el hecho de elaborar un Plan estratégico por la familia, que además ha sido remitido a diversas entidades y asociaciones para su consulta y para que realicen sus alegaciones, que podrán ser o no incorporadas al documento.
El Plan es uno de los documentos más esperados por las familias, porque hasta ahora pocas medidas se han aprobado en esta legislatura para apoyar a los hogares con hijos. Se amplió en cuatro años el periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos: los antes los padres que trabajaban podían acogerse a este derecho hasta que el niño tenía 8 años, a partir de ahora será hasta que cumpla doce años.
También se abrió camino para facilitar la conciliación. La iniciativa partió del Congreso de los Diputados recomendando al Gobierno implantar el horario británico en España, como una forma de acabar con los tiempos muertos de la jornadas de trabajo y facilitar así la conciliación. En este mismo camino, la ministra Ana Mato hizo una porpuesta para que las televisiones comerciales trabajen en un acuerdo de colaboración para reforzar la autorregulación de horarios, con el fin de que los programas de máxima audiencia terminen sobre las 23.00 horas.
Lo último ha sido uno de los mayores triunfos que han conseguido las familias numerosas. El Gobierno va a ampliar la condición de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla la edad límite establecida en la Ley de Familias Numerosas, es decir, 21 años o 26 en el caso de que estén estudiando. La medida ha sido incluida por el Gobierno en la Ley de Protección a la Infancia, aprobada en Consejos de Ministros.
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