Un informe de la UE con duros

«En la Comisión estamos siempre dispuestos a construir puentes, es algo que está en nuestro ADN», reconoce un alto funcionario del Ejecutivo comunitario, que se felicitaba por el hecho de que esta gestión haya salido razonablemente bien en vez de convertirse en un proceso encallado eternamente entre despachos. Una intervención de la Comisión en un asunto interno de un país es muy poco común, pero el desenlace ratifica la impresión de que en Bruselas sí ha habido y hay «preocupación» sobre los problemas del Estado de derecho en España.

La clave para que la mediación haya prosperado ha sido, según fuentes que han seguido muy de cerca su desarrollo, la inminente publicación del informe anual sobre la situación en España respecto a las reglas europeas y en el que la Comisión describe cada año su opinión acerca del respeto a las normas democráticas en materia de Justicia. El informe de este año tiene que publicarse a primeros del mes que viene, dentro de pocos días.

De acuerdo con estas fuentes, el texto que se estaba preparando contenía críticas muy severas hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente respecto al comportamiento parcial de la Fiscalía, que es un reproche que ya venía de años anteriores, pero que en esta ocasión se ha amplificado. También se menciona la ley de Amnistía, aunque en este caso se mantiene el mismo criterio del informe de la Comisión de Venecia, que el Ejecutivo comunitario considera como un organismo fiable.

De acuerdo con esta versión, el contenido de dicho informe habría sido un elemento definitivo para que el PSOE aceptase enunciar a sus pretensiones de máximos y atendiese el criterio de la Comisión Europea, que ha apoyado tanto la idea de un reparto equitativo de los vocales del CGPJ nombrados por el procedimiento actual como el objetivo de tramitar una reforma de las reglas «de acuerdo con los estándares europeos».

La circunstancia ha querido que el acuerdo entre el Gobierno y el PP se alcanzara el mismo día y casi a la misma hora que el comisario de Justicia que empezó esta mediación, el liberal belga Didier Reynders, perdía por segunda vez la votación para ser elegido secretario general del Consejo de Europa. Eso le habría permitido retomar este papel cuando se reincorpore a la Comisión, para descargar de esta responsabilidad a la vicepresidenta Vera Jourova. Ella ha sido la responsable de incidir en la presión sobre los partidos españoles al exigirles movimientos claros hacia el acuerdo antes de aceptar una nueva reunión.

No está claro qué ha obtenido Pedro Sánchez y hasta dónde se van a rebajar las críticas en el informe sobre el Estado de derecho en España como compensación a sus cesiones. En todo caso, ya no se mencionará el retraso en la renovación de los miembros del CGPJ, que era una de las críticas que se repetían todos los años y que había sido su único asidero para poder decir que la Comisión Europea también criticaba al principal partido de la oposición por el bloqueo de este órgano y, de paso, ocultar así las graves acusaciones contra el Gobierno que él preside.