El TSJ de Canarias suspende el protocolo de Clavijo para menores inmigrantes

Los magistrados, tras admitir el recurso de la Fiscalía, acceden a la suspensión de la resolución porque coinciden con el Ministerio Público en que hay «razones de urgencia» que así lo aconsejan y adoptan la medida de manera cautelarísima, es decir, sin escuchar a la otra parte, que ahora tiene tres días para presentar alegaciones.

Razonan que «con las actuaciones previstas en el Protocolo se produce una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor» y aunque se introducen todos esos requisitos burocráticos en aras de los derechos de los menores, «resulta difícil negar que la necesidad de observar tales actuaciones (...) puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado».

«Pues bien, tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual «statu quo», finalidad conservativa que por otro lado es la prototípica que las medidas cautelares miran a satisfacer. No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del Protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores», dice el Tribunal Superior de Justicia.

Concluye así que en este caso, «se impone un principio de elemental cautela» y manda de paso un mensaje a las autoridades: «La búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Precisamente este viernes en el municipio tinerfeño de Isla de Isora, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, aseguraba en declaraciones a los medios que el protocolo «está en marcha» y funciona, porque «los menores están siendo entregados con foto, con ficha, con el nombre, que era lo mínimo que se podía pedir y están perfectamente atendidos». «Canarias y sus servicios jurídicos tiene claro que tenemos competencias y el protocolo cumple con la normativa», aseguraba.

Fuentes fiscales indicaban que a fecha de este jueves, no se habían presentado denuncias por abandono, una consecuencia de la que ya advirtió el Ministerio Público cuando se publicó en el Boletín Oficial el protocolo, bajo la premisa de que contra lo que asegura Canarias, la acogida de los menores es su competencia y es una prioridad, de manera que no es admisible que permanezcan en dependencias distintas del sistema de protección mientras se les documenta sólo porque ahora se haya impuesto esa exigencia burocrática. Una situación que se agrava cuando se trata de niños de corta edad.

De fondo, la perspectiva de una reunión convocada por el Gobierno de la comisión técnica sobre el reparto de competencias y para la que ya se han iniciado los trabajos con una sesión técnica prevista para el próximo lunes. «Creo que hay que sentarse ahí con seriedad, ver el planteamiento del Gobierno de España y que entiendan el planteamiento jurídico que hace Canarias», ha señalado la consejera.