El Gobierno traslada a la Fiscalía que el protocolo canario de acogida a menores inmigrantes puede suponer una «vulneración grave» de derechos

Fuentes del Ministerio que lidera Sira Rego han comunicado este sábado la remisión del informe, subrayando que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es «exclusiva» de la comunidades autónomas, independientemente de la situación en la que se encuentren.

«Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo«, han avisado, para añadir que el Ministerio mantiene su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.

El informe remitido por Juventud e Infancia a la Fiscalía de Menores considera -según las mismas fuentes- que el protocolo canario vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Tampoco atiende «al interés superior del menor, reconocido en la CDN y legislación orgánica (Carta de Derechos del Niño y la legislación vinculada a los derechos de la infancia)«.

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«Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando la protección de las personas menores de edad en el territorio autonómico contraviniendo los derechos reconocidos por la CDN y no realizar una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor en la medida que del acto de la Comunidad Autónoma se desprende una actuación clara que reduce la efectividad de los derechos de las personas menores de edad«, entiende.

Por último, señala que «es contrario al Estatutos de Autonomía de Canarias, en la medida en la que esta no se ejerce la competencia exclusiva en materia de protección de menores».

Fue este jueves cuando apareció publicado en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo aprobado por el Gobierno autonómico, que reivindica defender así el interés general del menor y con el que trata de acabar con el «desorden» que ha habido en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas.

Dicha iniciativa establece una previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, informó este viernes de que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera al archipiélago.