Pesadilla antes de la investidura

En el articulado para el «nuevo estado», la conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Tribunal Supremo de Cataluña con un presidente nombrado por el presidente de la Generalitat. La Ley de Transitoriedad, conocida también como «de desconexión», ya anunciaba una amnistía para los delitos sediciosos anteriores a 2017: «Los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta», reza en su artículo 79.4.

Esta es la amnistía que «exige» el fugado de Waterloo y que muchos catalanes, por pereza a leerse la ley de 2017 o seguidismo cesarista, parecen obviar.

Sánchez ya prepara el enésimo surfeo. Al fin y al cabo, su partido ya lo hizo el 21 de febrero de 1936 con el Frente Popular. Un decreto-ley del presidente de la República concedió la amnistía por delitos políticos y sociales a las treinta mil personas condenadas por las revoluciones de Asturias y País Vasco y la secesión catalana de octubre del 34: una «medida de pacificación conveniente al bien público y la tranquilidad de la vida nacional», argumentaba el texto gubernamental. A la amnistía se añadió un decreto del 28 de febrero que obligaba a readmitir a los trabajadores condenados y abonarles los sueldos que no cobraron durante su ostracismo. Los ayuntamientos vascos que participaron en el golpe revolucionario fueron reconstituidos. Sirva el episodio histórico para constatar que en la idolatrada II República hubo más golpistas (izquierda bolchevique, derecha militarista, separatismo catalán) que republicanos del 14 de abril.

Hoy las cosas son diferentes, se objetará; pero no olvidemos el pasado de quienes pasan por garantes de la memoria democrática y blasonan de superioridad democrática. Paradojas de la política. Las fuerzas progresistas de Estados Unidos combaten a un Trump que deslegitima el poder judicial. Y en España, el autodenominado gobierno de coalición progresista de Sánchez da oxígeno al trumpismo (o peronismo) secesionista que deslegitima el poder judicial español. Los populismos -sean yanquis, argentinos o independentistas- comparten el afán por someter al parlamento al modo Carl Schmidtt: leyes mediante o con algarada. Insistimos. Junts no es la Convergencia de Jordi Pujol que pactaba con Felipe González o José María Aznar. Para quien dude de los paralelismos entre el populismo (trumpista, peronista) y el secesionismo catalán subrayemos el nacionalismo bronco, rural y excluyente; la voluntad extractiva de carácter clientelar; el victimismo que cuestiona el poder judicial: la recurrencia a las masas contra el orden constitucional.

Puigdemont «exige» la amnistía antes de la investidura y pone al Estado en el banquillo donde él debería estar. Y Sánchez quiere ser presidente cueste lo que le cueste.

Las plegarias atendidas pueden devenir en calvario. En vísperas de la Diada, los cabecillas independentistas no pueden quedar como traidores vendepatrias ante los «super tacañones» de las integristas ANC y Òmnium. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras compiten en liderazgo y aprovecharán la debilidad de Sánchez en su jaula de grillos cantonalista: veintiséis partidos que solo representan el seis por ciento del voto. Si ahora piden la amnistía, el referéndum de autodeterminación será el precio por aprobar los presupuestos del Estado. Pedro Sánchez debería considerar si una carrera personal debe ser tan onerosa para la igualdad nacional y la cohesión de su propio partido. La pesadilla de los catalanes que padecimos el ominoso 'procès' puede acarrear su declive político.